a Policía Nacional ha destapado un entramado que compraba sociedades mercantiles en quiebra o con problemas financieros, una operación en la que han sido detenidas cuatro personas en Málaga y una en Sevilla y se han embargado de forma preventiva inmuebles valorados en 1.100.000 euros. El grupo se dedicaba, presuntamente, a la comisión de delitos contra el patrimonio y sus miembros han sido detenidos como supuestos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y por pertenencia a organización criminal. 

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de febrero tras la denuncia de un particular y han permitido esclarecer los hechos denunciados y localizar, hasta el momento, a seis afectados más, cuatro de ellos en Málaga y dos en la Comunidad Valenciana.

Los arrestados, según ha informado la Policía Nacional, se prevalían de la situación precaria en la que se encontraban los socios o representantes de sociedades mercantiles declaradas en quiebra o con problemas financieros, para comprarles sus bienes inmuebles y/o sociedades mercantiles con pagarés a nombre de terceras personas o sin fondos.

Los agentes pudieron comprobar que para estafar a estas personas, los presuntos autores, que conocían la situación económica de las víctimas potenciales, les proponían la compra tanto de la sociedad mercantil como de los inmuebles que poseían.

Una vez llegaban al acuerdo, según la Policía Nacional, les pagaban mediante pagarés que nunca se hacían efectivos, ya que no tenían fondos. Posteriormente, estas ganancias eran recapitalizadas en bienes inmuebles o inversiones que les generaba un beneficio adicional.

Durante las pesquisas los agentes descubrieron que este grupo poseía diversas oficinas utilizadas a modo de pantalla para cometer los delitos y comprobaron que no sólo actuaban en Málaga, donde defraudaron a cuatro personas, sino que su ámbito de actuación se extendía por la provincia de Córdoba y la Comunidad Valenciana.

Embargo de 9 inmuebles por 1,1 millones de euros

Los agentes identificaron a los integrantes del grupo y, tras los arrestos, se han practicado cuatro registros en los que se han intervenido 11 equipos informáticos, varios reproductores de imagen y sonido, teléfonos móviles, 5.243 euros en efectivos y numerosa documentación pendiente de analizar.

A petición de los agentes investigadores, la autoridad judicial que lleva el caso, ha autorizado el embargo preventivo de nueve inmuebles valorados en 1.100.000 euros, 15 vehículos valorados en 80.000 euros y el bloqueo de 32 cuentas bancarias.