Cinco años han pasado desde que la promotora Aifos entrara en concurso de acreedores de forma voluntaria después de acumular un pasivo superior a los 1.000 millones de euros y no conseguir llegar a un acuerdo con sus 2.000 acreedores. Y será hoy cuando se decida su futuro, con dos únicas opciones: la aceptación del convenio presentado por la empresa con un plan de pagos dirigido a salvar la empresa y mantener su actividad o la liquidación de la sociedad. La junta de acreedores donde se aprobará o rechazará la propuesta presentada por el propietario de la promotora, Jesús Ruiz Casado, está previsto que se inicie a las 9:00 de esta mañana en la Ciudad de la Justicia, para lo que se ha habilitado la sala de vistas en la que se juzgó el caso Malaya, dado el alto número de acreedores que está previsto que asistan y que llevan ya varios de días acreditándose para ello.

Para poder constituir y celebrar la junta es necesario que acudan un número mínimo de acreedores que sustenten el 50% de los créditos ordinarios. El pasivo ordinario supone alrededor de 200 millones, por lo que son necesarios 100 millones para que la cita pueda desarrollarse y se produzca el debate y la posterior votación del único convenio aceptado. Forman parte de este colectivo los compradores que entregaron dinero a la compañía por una vivienda que no han recibido, los proveedores y los bancos. Los acreedores que se hayan adherido al convenio anteriormente y no asistan a la junta serán tenidos en cuenta en el cómputo necesario para la celebración. De todos modos y dada la actividad de acreditación registrada en estos últimos días en el Juzgado de lo Mercantil número 2 todo apunta a que acudirá este cómputo mínimo.

Ya en la junta, los acreedores asistentes podrán solicitar aclaraciones sobre la propuesta e incluso la palabra para intervenir. Su presidente -el magistrado del Juzgado Mercantil número 2, Antonio Bujalance Fuentes- podrá dar por concluido el debate cuando se hayan producido tres intervenciones a favor y otras tres en contra del convenio. Será entonces cuando comience la votación. Para que la propuesta de Aifos se desarrolle finalmente tendrá que contar con el apoyo del 50% de los créditos ordinarios. En base a ello, el futuro de la empresa está manos de los bancos, porque son los que concentran más de la mitad de los créditos ordinarios, entre ellos el Banco Popular, con 52 millones, Bankia (18 millones) o el Santander (11 millones). De nuevo los acreedores con pasivo ordinario que ya se hayan adherido a la propuesta de convenio y que no asistan se computarán como votos a favor. De no contar con este quórum, se procederá a la liquidación de la empresa.

Los compradores de viviendas son los acreedores más vulnerables en todo este proceso. El convenio presentado por Ruiz Casado contempla una quita del 50% del crédito ordinario y a la vez establece un trato preferente para los compradores de pisos, siempre que se trate de personas físicas que hayan adquirido una vivienda y no se les pueda entregar antes de los nueve años desde la aprobación del convenio. La Administración Concursal le requirió que los identificara y Aifos presentó hace unos días un listado en el que figuran alrededor de 500 nombres de compradores, pero sobre los que no se ha aportado cifra alguna acerca de la cantidad abonada a la empresa en su día.

Para la elaboración de la lista, Aifos ha tenido que tener en cuenta los contratos de compra pendientes de cumplimiento. Sin embargo, un gran número de las cerca de 2.000 familias que entregaron dinero a Aifos ya han resuelto su contrato por la vía judicial y la cantidad que en su día entregaron ha pasado a ser una deuda reconocida -crédito ordinario- y no un contrato pendiente de cumplimiento. De hecho, Carlos Cómitre, el letrado que representa a varias decenas de compradores de pisos, explicó ayer que en el listado han sido incluidos algunos de sus clientes, que ya no tienen un contrato de compra con Aifos.

En el camino se ha quedado la propuesta de los compradores de pisos, que finalmente no ha sido aceptada por el juez y, por tanto, no se votará. Cómitre, que capitanea el convenio presentado ha presentado un recurso ante el juzgado.

Aifos era el modelo. La empresa fundada en 1997 por Jesús Ruiz Casado se convirtió en 2005 en la segunda empresa con mayor facturación en Málaga: 346 millones de euros y 60 millones de beneficio neto. Todavía no había llegado Malaya con su alargada sombra de corrupción político inmobiliaria y la crisis tampoco había abierto las fauces tragándose en el primer asalto aquel deslumbrante sector inmobiliario. Había compradores sin vivienda, pero sus voces de alarma no lograban hacerse oír entre el entusiasmo y el elogio que levantaba el milagro Aifos.

A pesar primero de la detención de la cúpula de la promotora en el caso Malaya en 2006 y después de la debacle del ladrillo, la promotora se mantuvo tres años hasta que por fin claudicó y presentó concurso de acreedores en 2009.

El proceso concursal no ha sido una tarea fácil. Un procedimiento complejo, con un pasivo próximo a los 1.000 millones y miles de acreedores, cayó en un juzgado colapsado. A esta circunstancia se sumó el fenomenal encontronazo que Ruiz Casado ha mantenido con los administradores concursales, a los que ha criticado por negligencia y mala gestión. No obstante, perdió el pulso y el juez le retiró la administración de la empresa. La administración concursal, por su parte, ha puesto en cuestión la viabilidad del convenio con el que el empresario pretende ahora reflotar la promotora.