El coordinador de IU en Málaga y portavoz de la coalición en el Parlamento andaluz, José Antonio Castro, anunció ayer que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio prohibirá "de forma inminente" a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental seguir cobrando el canon del agua. Según explicó, el ente "no está cumpliendo" con lo dispuesto con un plan firmado en el año 2000 por el cual se establecía que debía invertir el dinero recaudado en mejorar la infraestructura hidráulica de la zona. Castro aseguró que la Consejería ha abierto un expediente a la Mancomunidad porque se ha certificado que, desde que se aprobara que la institución cobraría este canon, ésta ha ingresado más de 53,7 millones de euros. Así, según lo dispuesto en el plan firmado, debería haber ejecutado 28,9 millones de euros, pero "la inversión justificada dice que sólo ha ejecutado 18,6 millones".

"Hay una diferencia entre recaudación e inversión de más de 35 millones de euros", señaló Castro y afirmó que la presidenta del ente, Margarita del Cid "tiene que explicar a dónde a ido ese dinero, en qué se ha comido el Partido Popular más de 35 millones de euros que se tenían que destinar a todas las infraestructuras hidráulicas, muy necesarias en la costa".

El dirigente de la coalición de izquierdas matizó que, incluso, a finales de 2012 "los ingresos ya eran muy superiores a lo previsto y no se había ejecutado la inversión". Motivo por el cual este canon "va a ser prohibido por su mala administración". Castro subrayó que aunque los vecinos no tendrán que pagarlo y supondrá un ahorro en sus recibos, "seguramente va a redundar negativamente en la mejora de la infraestructura hidráulica, que hoy ya sufre una obsolescencia considerable", lamentó.

Las reacciones de la Mancomunidad no se hicieron esperar y el presidente del consejo de administración de Acosol, Félix Romero, aseguró en un comunicado que la entidad está "volcada" en reponer el "agujero" de 30 millones de euros que el anterior gobierno "por ley tendrían que haber sido destinados a saneamiento y que fueron empleados en otros fines". Romero indicó que "fue en la legislación anterior, de 2007 a 2011, cuando el por entonces consejero, el socialista José Bernal, dejó sin invertir en estos fines el dinero recaudado". Agregó que "al llegar a la dirección de la empresa el equipo de gobierno actual, en junio de 2011, lo primero que comprobamos estupefactos es que había un agujero de más de 30 millones de euros". También recordó que por este motivo los responsables de la empresa y de la Mancomunidad han encargado una auditoría externa "para dirimir qué responsabilidades penales, civiles, administrativas o contables pudo haber por parte de Bernal durante su periodo como consejero delegado de la entidad".