Málaga

Alegan en un informe que el origen del fuego no fue el campo de tiro

  • La Federación Andaluza de Tiro Olímpico presenta alegaciones para no perder la concesión

La Federación Andaluza de Tiro Olímpico ha presentado un informe pericial a la Junta de Andalucía en el que sitúa el origen del incendio forestal, que tuvo lugar el pasado 10 de agosto y arrasó 273 hectáreas, fuera de las instalaciones del campo de tiro que tienen autorizado desde 1972 en Los Montes de Málaga.

Es una de las pruebas que ha aportado esta entidad como alegación a la resolución de la Delegación provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que hace unas semanas le informaba de la retirada de la concesión administrativa que para ejercer su actividad mantenía el campo de tiro olímpico Guadalmedina.

El delegado territorial de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico, Agapito Sanchidrián, confirmó ayer a este periódico que las alegaciones presentadas al expediente del Gobierno andaluz "se basan en demostrar que nosotros no somos los causantes del incendio, si no afectados a los que se ha linchado públicamente". Hasta ahora, dos responsables de las instalaciones y cinco tiradores están acusados como presuntos autores de este fuego que afectó a un total de 40 hectáreas del propio parque natural de Los Montes de Málaga y por el que tuvieron que ser desalojadas 17 personas de los cortijos cercanos y de los empleados y huéspedes del Hotel Rural Humaina

El informe pericial, que también recibirá el juzgado que instruye el caso, ha sido encargado a un ingeniero y contradice al informe de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales, formada por agentes de medio ambiente y dependiente de la Junta de Andalucía, que apuntaba a que aquel fuego se inició dentro de las instalaciones de una de las galerías de tiro del mencionado campo de tiro, siendo la causa directa la práctica negligente de este deporte por parte de las personas que ocupaban el recinto.

Según la investigación realizada tras el fuego, presuntamente, los proyectiles impactaron sobre las piedras y provocaron chispas que prendieron la abundante vegetación propagándose rápidamente al carecer de las condiciones exigidas por la legislación sobre prevención de incendios forestales, entre ellas un perímetro cortafuegos.

De hecho, el Gobierno andaluz justificó su decisión para retirar la concesión a la Federación en que el recinto "no cumplía con las condiciones de seguridad contra incendios forestales" requeridas para estas instalaciones.

Sin embargo, Sanchidrián señaló que también han aportado en sus alegaciones pruebas de que "un disparo no produce un incendio porque si no los cazadores no estarían en el campo". En ese sentido, explicó que se han hecho demostraciones con distinta munición para descartar esta posibilidad, por lo que insistió en que se siga investigando "quién pudo tener interés en quemar el monte".

Las causas señaladas por el informe elaborado por la policía autonómica no cuadran, aseguró, porque "los disparos que salen del blanco van a parar a una zona de tierra, no de piedra, con lo que es imposible que saltaran chispas de ningún tipo". Al mismo tiempo, señaló que "en nuestras instalaciones nadie hace tiros negligentes porque es una práctica deportiva segura y somos todos profesionales", como demuestra el hecho de que en 42 años de actividad en estas instalaciones nunca se ha producido un incidente.

Las alegaciones serán ahora estudiadas por el servicio de Patrimonio de la Delegación provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Málaga, cuyo responsable, Javier Carnero, señaló que se emitirá una nueva resolución "dentro de los plazos que marca el procedimiento administrativo" y sobre la que la Federación Andaluza de Tiro Olímpico aún podría interponer un recurso de reposición como último paso antes de ir a los tribunales si los concesionarios no están conformes con lo dictado.

Sanchidrián señaló al respecto que se agotarán todas las vías para tratar de no perder la concesión de las instalaciones y no descartó iniciar un procedimiento contencioso-administrativo si la Junta no tiene en cuenta sus alegaciones.

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