Málaga

Aumenta la cifra de menores que están en riesgo de exclusión social

  • El 29% de las 57.615 personas atendidas en 2013 por los servicios sociales no tiene 18 años

Menos familias (en total 18.631 integradas por una media de 2,9 miembros) pero un mayor número de usuarios, concretamente 2.800 más que en 2012. Un desfase que corresponde al hecho de la cada vez mayor agrupación de personas en un mismo hogar por la situación económica. Se trata de una de las principales conclusiones que se extrae del Observatorio Municipal para la Inclusión Social, que también refleja que el 29% de las 57.615 personas atendidas el año pasado por los servicios sociales del Ayuntamiento eran menores. "Son los que más sufren las consecuencias y quienes lo harán por más tiempo", precisó ayer el responsable del informe, Francisco Ruiz.

Del estudio también se desprende que la crisis ha golpeado con fuerza a familias que ya formaban parte del programa anteriormente. Dos de cada tres habían sido atendidas el último año. Y es que los datos demuestran la carencia de necesidades tan básicas como alimentos, vivienda y educación. "Ha hecho más vulnerables a los que lo eran y ha agravado la situación de los excluidos. Se sitúan en desventaja para acceder a un empleo, a un piso digno o incluso a la Justicia", aseguró Ruiz, quien destacó los "impactos por los avances y retrocesos de las políticas sociales".

La mayor cifra de usuarios se concentra en Palma-Palmilla (17,8%), Campanillas (16,2%) y Bailén Miraflores (14,3%). En un segundo grupo, oscilando entre el 6 y el 11% se sitúan el resto de los distritos, salvo el de Teatinos, que sólo registra un 3,7%. Un 47,4% de las familias residen en viviendas de alquiler, lo que contrasta con la media española o andaluza, que no supera el 15%.

Por nacionalidades, el 80,9% de los usuarios son españoles. En cuanto a la población extranjera, el 31,4% procede de Marruecos. Le siguen de lejos aquellos de Nigeria (8,5%) y Paraguay (7,5%).

El concejal de Asuntos Sociales, Francisco Pomares, se refirió a los tres pilares que conforman la lucha contra la inclusión social: el acceso al empleo, la garantía de ingresos mínimos y servicios sociales asequibles y adecuados, que no pueden, en su opinión, "ser la solución a la exclusión". "Se necesitan puestos de trabajo de más duración y un salario social mientras llegan", expresó. De ahí que el Ayuntamiento trabaje en la simplificación de servicios -para facilitar la interrelación con el profesional- en la orientación de resultados -de forma que no sólo se hable de "procesos"- en la intervención temprana y preventiva, en la innovación social y la gobernanza. "Pediría más inversión social para los usuarios en materia de empleo y educación", recalcó.

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