La falta de plantilla en los centros, la mayor concentración de alumnos en el aula y la difícil atención a la diversidad que han provocado los recortes han hecho que la convivencia en las aulas se resienta. Según el servicio del Defensor del Profesorado, puesto en marcha en 2005 por el sindicato ANPE, el balance del curso 2013-2014 habla de un incremento de los conflictos en la etapa de Primaria, que ya supera en un 3% a los que se que se producen en Secundaria y Bachillerato. Pero no porque los alumnos más pequeños muestren mayor agresividad, sino porque los padres y familiares son los que protagonizan los conflictos. De hecho, el 34% de los casos registrados en este servicio se refieren a acoso, faltas de respeto, insultos, amenazas y agresiones por parte de los progenitores.

De los 25 casos que se desviaron a este servicio el año pasado, los más graves, los que no pueden resolver los delegados sindicales de forma más inmediata, dos de ellos fueron agresiones físicas a docentes. En ambos casos, los padres atacaron a los profesores. También una cifra importante, el 22% son falsas denuncias y acusaciones que se vierten sobre los profesores, algunas de ellas a través de los populares grupos de whatsapp de las familias. Los insultos y amenazas de alumnos supusieron un 27% de los casos atendidos y las agresiones de estudiantes hacia sus profesores un 3%.

En distribución de casos por el origen del conflicto, el 38% el foco está en las familias, mientras que un 27% recae sobre los alumnos y algo menos, un 23% en los equipos directivos o la Administración, según el informe presentado ayer. "Al principio de curso encontramos un mayor número de quejas relacionadas con cuestiones administrativas, como es la falta de profesores en los centros, el horario, tutorías, asignación de vacantes, contratación de interinos, aumentos de ratio, supresión de puestos de trabajo...", explicó María Gracia del Amo, presidenta provincial de ANPE, que también destacó que se han producido un incremento amplio en los últimos años de las denuncias de maestros de Primaria.

"Llama la atención que los conflictos no se relacionan directamente con los alumnos, sino con padres y familiares y esto ocurre por la poca consideración social que tienen los docentes, que se ha visto agravada por las manifestaciones de las distintas administraciones en las que se cuestiona la preparación de este colectivo, y por la impunidad que perciben padres y alumnos ante conductas contrarias a la convivencia", subrayó Del Amo. "Si un padre agrede a un profesor, lo amenaza o lanza una falsa denuncia y éste detecta que no pasa nada, estas situaciones van a ir in crescendo", agregó la presidenta provincial del sindicato.

Antonio García Moreno, secretario de comunicación de ANPE también subrayó ayer que los conflictos también aumentan en las etapas de Infantil y FP y Educación Permanente debido, afirmó, "a que accede a este tipo de enseñanzas un alumnado que ha tenido fracaso escolar y que va sin ningún interés y provoca este tipo de conflictos". También incidió en que en Infantil se están dando casos de padres que cuestionan la docencia interviniendo en la propia clase. "Vemos que la Administración o no ha tomado medidas o éstas no han sido lo suficientemente efectivas para que la tendencia baje de una forma significativa, ya que vemos que van pasando los cursos y las llamadas son las mismas", señaló García Moreno.

Desde que hace casi una década nació este servicio, figura exclusiva del sindicato, atienden entre el 15 y el 20% de la totalidad de casos que se producen. "Intentamos mediar para que el conflicto se solucione de una forma rápida antes de llegar a este servicio", afirmó el secretario de comunicación y resaltó que los conflictos con la administración son los que "intentamos solucionarlos en primera instancia, dando las pautas y asesorando a equipos directivos y docentes, para no tener que recurrir al Defensor del Profesorado".

Las recientes sentencias a favor de los docentes, como la que obliga a un padre a indemnizar a un profesor por haber vertido denuncias falsas o a una directora a pagar a una profesora por acoso laboral, "nos animan a seguir con este servicio para apoyar al docente en el ejercicio de sus funciones y lo que lamentamos es que sean las instancias jurídicas las que tengan que reconocer la labor del maestro y no sea la Administración", añadió María Gracia del Amo. Ésta, según subrayó Francisco Granados Romero, responsable de la asesoría jurídica de ANPE, "intenta minimizar siempre los daños" y, desde la inspección, "tratan siempre de disuadir al profesor para que no denuncie situaciones que verdaderamente son graves".

También se señala en el informe del pasado curso las consecuencias sobre la salud que tienen este tipo de conflictos. El 54% de los docentes que acudieron al defensor aseguraron padecer ansiedad y el 23% depresión. El 14% causó baja laboral.