La principal acusada del caso de exterminio de casi 3.000 animales en la Protectora de los Horrores de Torremolinos, Carmen Marín, se enfrenta también a la posible imputación de un delito de falsedad documental y el viernes declaró en el juzgado de instrucción número 5 de Torremolinos, junto a los tres veterinarios a los que ésta supuestamente falsificó la firma para justificar el sacrificio de animales en las instalaciones de Parque Animal y por lo que luego recibía subvenciones por parte del Ayuntamiento que preside Pedro Fernández Montes (PP).

Pese a que los tres coincidieron en que no habían firmado listado alguno, Marín no reconoció ante el juez haber sido la autora de esa presunta falsificación y culpó de ese hecho a la administrativa que en ese momento trabajaba para Parque Animal. Según pudo saber este periódico, la directora de la protectora declaró que esos informes los elaboraba su empleada con ayuda de los veterinarios que en distintas épocas trabajaron en las instalaciones, algo que también negaron los tres testigos.

En sus diligencias, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ya alertó de que "se tiene la plena certeza de que a la presidenta de Parque Animal le han sido entregados desde el Ayuntamiento de Torremolinos determinados listados de animales retirados para incineración correspondientes a varios meses a fin de que ésta subsane las deficiencias que presentan los listados de animales incinerados sobre la firma y el sello de los veterinarios y que volvieron a ser entregados al Consistorio con diversas correcciones estampadas a bolígrafo". En relación a esa acusación, Marín sí reconoció ante el juez haber escrito de su puño y letra alguna palabra que en el registro General del Ayuntamiento del Ayuntamiento le exigían si faltaba a la hora de presentarlos.

La declaración se produjo después de que el titular del juzgado considerara que hay indicios para imputar a la presidenta de la Asociación para la Protección y Defensa de los Animales el delito de falsedad documental, del que fue acusada junto a otro empleado de la protectora.

Un auto de la magistrada dejó sin efecto el sobreseimiento provisional anterior sobre esta causa e instó a investigar los hechos señalados, tras la aportación de nueva documentación "que acredita, siquiera sea indiciariamente, la existencia de delito de falsedad documental, consta en el escrito. Fue el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga el que adjuntó nueva documentación con la que el juzgado resolvió la práctica de diligencias el pasado verano, ya que supuestamente demostrarían que usó la firma de un veterinario con fecha posterior a su jubilación e incluso a su fallecimiento para justificar un listado de animales sacrificados en las instalaciones de Parque Animal.

Esas nuevas pruebas consistían en un certificado en el que se hacía constar que el veterinario cuya firma usó presuntamente Carmen Marín fue colegiado en activo hasta el 31 de diciembre de 1986 cuando se jubiló y que fue dado de baja del Colegio el 17 de enero de 2010 tras fallecer a los 89 años. Sin embargo, según el escrito de la acusación particular que ejerce el Colegio de Veterinarios, su firma y su número de colegiado aparecen supuestamente en uno de los listados de animales sacrificados en Parque Animal realizado presuntamente por la directora del centro después de esas fechas.

Sin embargo, negó ante el juez haber usado el número colegiado de ese veterinario al que aseguró no conocer y señaló que se pudo deber a algún error.

Las cartas remitidas por los tres veterinarios cuyos sellos, nombres, firmas y números de colegiados aparecen en las diligencias judiciales "sin que los mismos hayan firmado ni intervenido en dichos listados" sirvieron también para que la Fiscalía pidiera que se investigara este presunto delito. En su escrito, consideró que "tanto las recetas como los certificados de eutanasia han debido ser cumplimentados por Carmen Marín, que es quien realiza los pedidos y decide los sacrificios, sin que ningún veterinario titulado haya intervenido".

Carmen Marín está también imputada por los presuntos delitos de intrusismo profesional y maltrato animal continuado por la muerte de 2.865 perros y gatos en apenas dos años.