La Diputación de Málaga se sumó ayer a la petición de reclamar al Gobierno central una nueva moratoria para la adaptación del precio del alquiler de los comercios de renta antigua al precio actual de mercado, un cambio cuya fecha límite es el próximo 31 de diciembre y que tiene en jaque a medio millar de comercios en la provincia en estos momentos.

El PP, el PSOE e IU firmaron una moción institucional en el pleno ordinario de Diputación con tres puntos. En el primero se insta al Gobierno "a modificar con carácter de urgencia la Disposición Transitoria Tercera de la ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos, para facilitar la continuidad, prórroga o subrogación de la actividad comercial de los contratos a los que se refiere la misma", y se solicita un régimen transitorio de los contratos "que conlleve la actualización de las rentas que garantice la equidad entre las partes". Hay que señalar que, tras una moratoria de 20 años, los propietarios de los locales están pidiendo ahora un precio muy superior al que abonaban anteriormente los inquilinos.

En la moción también se pide impulsar líneas del Instituto de Crédito Oficial para facilitar el "traslado, reforma y adaptación de los locales" y elaborar un plan de apoyo al "patrimonio comercial histórico".

El texto fue aprobado por los tres grupos políticos, aunque el original presentado por IU incluía otra medida que no recibió el visto bueno y era que la Diputación abriera una línea de subvenciones directas de al menos un 50% en el incremento del alquiler.

La Diputación no es la primera institución que se pronuncia en este sentido. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo y Comercio, anunció el pasado viernes una ofensiva para instar al Gobierno central a que modifique la actual Ley de Arrendamientos Urbanos y establezca una ampliación de 10 años en la moratoria. El consejero del ramo, Rafael Rodríguez, insistió en que establecer una moratoria adicional de 10 años facilitaría a los comerciantes afectados poder renegociar unos precios "acordes y razonables de los alquileres". "A nadie se les escapa que la situación actual de crisis económica y de consumo es el peor escenario posible para poder afrontar una renegociación de las rentas", sostuvo.

Previo al Pleno, el presidente del organismo supramunicipal, Elías Bendodo, hizo balance sobre su gestión económica y destacó que, desde que el PP entró en 2011, ha realizado pagos a los ayuntamientos de la provincia por valor de 192 millones de euros, una cifra que calificó de "histórica". En lo que va de año, el presidente indicó que han hecho transferencias por valor de 64 millones de euros y cerrarán el ejercicio con 72 millones.

Bendodo también hizo especial hincapié en señalar que "es falso" que la Diputación solo invierta en los pueblos que dirige el PP. "Los ayuntamientos del PP han recibido 23 euros por habitante, frente a los 150 euros de los gobernados por el PSOE y los 155 de IU", comentó Bendodo, quien aprovechó la ocasión para lanzar un dardo envenenado a la oposición al afirmar que "cree el ladrón que todos son de su condición".

El presidente reiteró que recibió de manos del PSOE en 2011 una deuda de 300 millones de euros y adelantó que quedará reducida a cero "a finales de 2015 o principios de 2016". Sobre este aspecto, el portavoz socialista Francisco Conejo dijo que "es mentira, porque el PP se encontró 50 millones de euros en cuentas bancarias, 37 millones en el Patronato de Recaudación y 100 millones en una línea de crédito para hacer inversiones". La portavoz de IU, Antonia Morillas, acusó a los populares de actuar con "improvisación permanente" y tener un "funcionamiento impresentable".