La decisión de la Junta de Andalucía de modificar la Ley de Aguas con el objetivo de que los informes sectoriales que ha de emitir la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ante cualquier planeamiento urbanístico pase a ser negativo en el supuesto de que se supere el plazo de tres meses del que dispone choca de forma radical con el compromiso de la presidenta andaluza, Susana Díaz, de agilizar los trámites en esta materia.

Frente a lo que anunció Díaz a finales del pasado mes de enero, cuando habló de la aprobación de un decreto para "facilitar a los ayuntamientos reducir los plazos de tramitación de los planeamientos urbanísticos", el contenido real de la citada medida apunta a todo lo contrario. Así al menos lo entienden los empresarios vinculados al sector de la construcción y los propios ayuntamientos.

En el primer grupo, el presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, no tuvo ninguna duda al asegurar que lo que supone ese decreto "es todo lo contrario a lo dicho por la presidenta de la Junta y que todo el mundo aplaudió". "Un cambio de la Ley de Aguas supone un retroceso importante; ya me dirán si es que un funcionario no tiene tiempo para informar sobre un cambio urbanístico en tres meses", criticó. "En realidad se tendría que dar un mes de plazo, para que los funcionarios también se responsabilizasen", añadió.

"Ahora cualquier persona que quiera invertir o comprar, porque estamos en un paraíso, se echa atrás o se va a otro sitio porque en esos lugares se ofrece una seguridad jurídica que aquí no se da; es vergonzoso", afirmó de manera contundente Arranz, para quien las actuales leyes urbanísticas "son un obstáculo enorme para poder desarrollar la construcción".

En esta misma línea se pronunció ayer la secretaria genera de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) en Málaga, Violeta Aragón. "Que el informe de la Junta en materia de aguas pase de ser considerado positivo a negativo supondrá un retroceso y eso es lo que menos nos interesa teniendo en cuenta la situación en la que está el sector", comentó. Si bien no quiso hablar de paralización, sí admitió que "no ayuda a reactivar el sector; todo lo que sean trabas administrativas no ayuda".

El de los promotores es uno de los colectivos directamente afectados por esta variación en la normativa. La misma, tras el decreto impulsado por la Consejería de Presidencia en las últimas semanas, amplía sine die el plazo del que dispondrá la Agencia de Aguas para informar sobre cualquier trámite urbanístico que necesite de su posicionamiento.

El argumento que se expone en el propio decreto parte de la idea de que el sentido favorable del silencio administrativo, aplicado hasta la fecha, ha estado ocasionando "graves perjuicios" para las instituciones implicadas en estos procedimientos, lo que a su vez, "ocasiona un grave quebrantamiento del principio de seguridad jurídica, en cuanto que por la simple inactividad de la Administración se están generando una serie de derechos privativos sobre el dominio público hidráulico o el establecimiento de usos en zonas inundables que, en circunstancias normales, aquella vetaría por ser incompatibles con las actividades desarrolladas en dichos espacios y provocar riesgos sobre las mismas".

Al tiempo, el decreto introduce en la ley una disposición transitoria segunda, relacionada con los informes en materia de aguas de los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico actualmente en tramitación. En este sentido, se extiende la aplicación de esta modificación legal "a los informes solicitados con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto-ley que no hayan sido evacuados y a aquellos otros que solicitados con anterioridad no hayan incurrido, en dicha fecha, en silencio administrativo".