El Ayuntamiento de Málaga está trabajando en la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante, que verá suavizada de forma notable las restricciones que establece el texto actual. La principal propuesta, que aún debe presentarse al equipo de gobierno y aprobarse en Pleno, beneficiará a aquellos que, si bien han sido sorprendidos vendiendo productos sin licencia, no han hecho uso de instalaciones desmontables, su comportamiento tampoco viene siendo habitual y el margen de ganancias es escaso. Las sanciones, en estos supuestos, pasarían a considerarse leves y no graves o muy graves, como hasta ahora. Otro de los cambios sustanciales que la normativa, previsiblemente, incorporará está relacionado con la forma de afrontar este tipo de multas, ya que la idea es que puedan conmutarse por trabajos en beneficio a la comunidad.

Pero, eso sí, fuentes de Gestión Tributaria (Gestrisam), que revisó de oficio el procedimiento, precisaron que se debe distinguir entre estas infracciones, que no constituyen "una actividad económica" sino un "medio de subsistencia", y otras que se continuarán penalizando en caso de que correspondan a un negocio sin autorización que reporta una mayor rentabilidad.

La medida responde al interés del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por tratar de buscar una solución para este sector coincidiendo con la difusión del caso de Ricardo, un desempleado de 50 años que fue sancionado con una multa de 3.001 euros y otra de 301 por vender pan en los mercadillos. El hombre llegó a reunir 10.850 firmas en la plataforma Change.org para lograr algún tipo de solución al verse incapaz de asumir la deuda, que ya se aproximaba, según precisó, a los 5.000 euros.

Otra de las afectadas fue Lidia, una de las madres solteras que integran la corrala Las Luchadoras y que también recibió una multa de 3.001 euros (la cual ascendía a 3.400 por la demora), en esta ocasión por vender dulces en la puerta de un colegio. "Hablamos de situaciones dramáticas. No podemos cambiar la legislación pero sí encontrar resquicios legales o argumentos que hagan posible que estos casos queden fuera del marco jurídico autonómico", señalaron las fuentes consultadas, que además subrayaron que la modificación de la ordenanza lleva consigo "un trabajo muy laborioso", pero que estará resuelto en un plazo de dos meses. Por el momento, han quedado sin efecto las sanciones de aquellos que tenían un procedimiento similar abierto al no aplicarse la legislación autonómica. Entre los beneficiados estaban Ricardo y Lidia, que mostraron su satisfacción a este periódico no sólo por la resolución del proceso en el que estaban involucrados sino también por el hecho de que numerosos padres de familia resulten favorecidos. "Es un gran respiro. Veía en juego el embargo de mi piso, la única propiedad que tengo, por vender cuatro pedazos de pan", dijo el hombre en declaraciones a Málaga Hoy. Y es que, a su juicio, "una cosa es la venta ambulante a gran escala y otra que uno venda una caja de chumbos o espárragos. Si esto último es un delito, entonces es que el sistema nos está criminalizando. No hay trabajo que nos puedan ofrecer, ¿cómo podemos sobrevivir?", se lamentó.

Las últimas modificaciones de la venta ambulante en mercadillos se remontan a noviembre de 2011, cuando se elaboró una nueva normativa que aspiraba a profesionalizar el sector y regularizar aspectos hasta ese momento no tenidos en cuenta como la experiencia, la duración de las licencias, la transferencia de los permisos e incluso la imagen. Desde entonces, el incumplimiento de alguno de los nuevos criterios podían conllevar sanciones de hasta 3.000 euros en el caso, por ejemplo, de vender productos sin permiso.