La zona de restauración y bares autorizada por la Diputación provincial de Málaga a la empresa concesionaria de la plaza de toros de La Malagueta no reporta un solo euro a las arcas de la institución. Las condiciones que rigieron la adjudicación del contrato de gestión del coso limitan la contraprestación en favor del ente provincial por parte de la empresa explotadora al 4% de los ingresos procedentes de la taquilla de los espectáculos taurinos y culturales que se desarrollen en el inmueble, sin contemplar referencia alguna a los usos complementarios ahora autorizados.

Sobre esta situación se pone el acento ahora, después de saberse que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía va a inspeccionar la bautizada como La Plaza Gastronomía, que da cabida a 24 puestos, principalmente de comida, después de que su adecuación se llevase a cabo sin que se pidiese autorización al organismo regional, preceptivo toda vez que se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC). Las explicaciones dadas desde el ente provincia apuntan a que no se demandó tal permiso porque no se ejecutaron obras, extremo que ahora quiere confirmar la delegación en Málaga.

El portavoz del PSOE en la institución provincial, Francisco Conejo, fue claro al cuestionar que el pliego que sirvió de base para la actual adjudicación "permite al adjudicatario montar bares y restaurantes; le estamos dando el espacio para que explote gratis la plaza de toros para restaurante". Y ello, como se admite por parte de la institución, tras realizar una "interpretación extensiva" del contenido del pliego.

Al respecto, el diputado provincial de Turismo, Jacobo Florido, admitió la posibilidad de que exista "una laguna en el pliego" y apuntó que cara al próximo pliego que haya que elaborar cuando finalice la actual explotación habrá que abordar estas cuestiones. Asimismo, incidió en que cualquier uso lucrativo de la plaza, más allá de los espectáculos taurinos y musicales ha de estar necesariamente amparado por un programa de actividades culturales. "Si ese programa no puede haber ese uso", subrayó.

En los documentos oficiales de la Diputación, más en concreto los aportados en una reciente respuesta a la Delegación de Cultura, se confirma que la explotación por el adjudicatario de los servicios de bar y otros que puedan instalarse "queda limitada a la celebración de los espectáculos taurinos y musicales, quedando por ello excluidas las actividades desarrolladas al amparo de la Programación Cultural Estable". Frente a esta lectura, los servicios jurídicos de la institución hicieron "una interpretación extensiva", en el sentido de amparar los mencionados usos bajo el paraguas de las acciones culturales.

"Es una interpretación que puede entenderse como lesiva para los intereses de la Diputación", comentó Conejo, para el que la explotación de un bien público "tiene que tener el valor que le corresponde". Por ello, abogó por la realización de un estudio económico que fije el valor exacto "de lo que se estaría pagando por esa explotación en la calle, a precio de mercado, al ser un edificio público".

Asimismo, recordó que tras una primera adjudicación de la concesión de la plaza de toros, el equipo de gobierno del PP optó por modificar las condiciones del pliego ante la renuncia de la adjudicataria original, alegando que "no le era rentable". Una de las variaciones principales fue la eliminación de un canon fijo a cobrar por el empresario, siendo sustituida esta aportación por un porcentaje de los ingresos de taquilla. Por ello, Conejo señaló que de haberse sabido que el adjudicatario podría montar un espacio de restaurantes, "hubiese generado mucho más interés entre los interesados".