La guerra de la renta antigua se lucha ahora en los juzgados y nadie sabe quién se va a llevar el gato al agua, porque la lentitud judicial hace que todo esté en el aire. Lo que está claro es que seis meses después del final de la moratoria de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que habilitaba desde el pasado 1 de enero a los propietarios de los inmuebles a cobrar los alquileres a precio de mercado, muchos de los comerciantes afectados siguen en su ubicación, tienen el caso en el juzgado, desconocen si se tendrán que marchar o no y, en caso de salida, cuándo.

Uno de estos comercios es la tienda de fotografía Photoshop ubicada en la plaza de las Flores. Su encargado, José Enrique Sánchez, explica que están en un proceso judicial porque no ha habido ningún acuerdo entre ellos y los propietarios del local. Los dueños de Photoshop afirman que cogieron el establecimiento por traspaso de alquiler en 1983 y creen tener derecho a una prórroga de cinco años más, hasta 2020. El arrendador no lo ve así y será el juez el que decida. Sánchez indica que ya ha habido un primer juicio que le ha dado la razón al propietario del local, por lo que Photoshop ha recurrido al considerar que el magistrado no aceptó una serie de pruebas aportadas por el inquilino. "Estamos esperando ese recurso. Si nos dan la razón seguiremos otros cinco años en este local y si no tendremos que trasladarnos. Estamos viendo locales por el centro porque es donde está nuestra clientela, pero no sabemos qué puede ocurrir y en qué plazo", añade.

En su caso, el encargado de este histórico establecimiento asegura que "comprende" la necesidad de actualizar las rentas antiguas, pero "en nuestro caso la propiedad no ha querido ni negociar. Ahora pagamos unos 1.000 euros al mes por 100 metros cuadrados y les ofrecimos doblar esa cantidad, pero nos dijeron que no". La plaza de las Flores se ha sumado a la moda de la restauración y eso ha inflado los precios, hasta el punto que se está pagando en torno a 4.500 euros mensuales por un local con derecho a terraza y mesas.

Otro histórico comercio que está a verlas venir es la zapatería Antonio Parriego, en la calle Larios. Su encargado en funciones, Félix Muñoz, destaca que el caso está "pendiente de juicio y se verá cuando salga la sentencia, por lo que seguimos donde estamos". Las negociaciones las están llevando directamente desde Madrid, pues Antonio Parriego es una empresa madrileña con tiendas en Málaga, Almería, Burgos, Madrid y Zaragoza.

La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 obligaba a actualizar la renta antigua, aunque ante la presión social y de los comerciantes se aplicó una moratoria de 20 años que finalizó el 1 de enero de 2015. Los principales perjudicados, lógicamente, eran los dueños de los locales, que han estado dos décadas esperando para poder cobrar un precio de mercado. A lo largo de este tiempo las rentas se han ido incrementando, pero no al nivel normal del mercado. En el caso de Photoshop, por ejemplo, empezaron pagando de alquiler 50.000 pesetas en 1983 y ahora están en 1.000 euros (166.386 de las anteriores pesetas).

Durante estos años ha habido negocios que han hecho los deberes y han llegado a un acuerdo con la propiedad para evitar problemas, como fue el caso de la joyería A. Marcos en calle Larios que pactó la actualización de la renta en 2001. Otros alcanzaron un acuerdo in extremis, como Casa Mira o la farmacia Mata, también en la principal arteria de la ciudad. En estos últimos casos tienen que pagar ahora bastante más por el alquiler y han adoptado fórmulas para intentar incrementar sus ingresos. Mata ha tenido que abrir 12 horas diarias. Algunos comerciantes optaron por trasladarse, como fue el caso de una óptica que estaba en Larios y pasó a Especerías, mientras que otros han optado directamente por jubilarse. No obstante, a muchos inquilinos les pilló el toro por desidia propia o del propietario y ahora están en los juzgados.

Se crearon varias plataformas de afectados a finales del año pasado y una de ellas es la que defiende Javier Gutiérrez, consejero del despacho de abogados Martínez Echeverría. Este experto señala que la estrategia seguida por su oficina ha sido presentar una demanda contra la propiedad antes del 31 de diciembre, la fecha en la que expiraba la moratoria, porque el contrato estaba en vigor. Subraya que cada caso es diferente, que la situación está judicializada y que "son procesos muy lentos, supeditados a los turnos de repartos de los juzgados". Mientras tanto, el inquilino gana tiempo y sigue con su negocio abierto.

Uno de los temas que están analizando los jueces es el de las inversiones realizadas en los locales por parte de los inquilinos, ya que éstos entienden que no es justo que la propiedad les eche o les reclame un alquiler hasta un 400% mayor cuando han desembolsado un dinero en reformas internas. Gutiérrez pone como ejemplo un restaurante de Benalmádena que ha invertido 100.000 euros en la climatización del local.

La vía judicial no es la única salida. A lo largo de estos meses sí está habiendo conversaciones extrajudiciales entre los propietarios y los comerciantes para alcanzar posibles acuerdos económicos, con escaso éxito por el momento.