La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Malaya modifica algunas de las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Málaga a los acusados en el caso malaya. Estos son los imputados y sus condenas:

El cerebro de la trama

Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella: pasa de 11 a 17 años de condena. El Supremo le condena por el delito de cochecho pasivo a tres años y seis meses de prisión y por el delito continuado de blanqueo de capitales a siete años. Introduce, además, un nuevo delito contra la Hacienda Pública por el que le condena a dos años y seis meses. El resto de condenas impuestas por la Audiencia Provincial no se modifican. En total, 17 años de prisión y más de 232 millones de euros en multa.

Alcaldes, concejales y funcionarios

Marisol Yagüe, exalcaldesa de Marbella: pasa de siete años a cinco años y seis meses de prisión y una multa de 2,3 millones de euros. El Alto Tribunal la condena por cohecho pasivo a 3 años y seis meses y la absuelve del delito de alteración de precios de subasta. Mantiene la pena por fraude y malversación de caudales públicos.

Isabel García Marcos: exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella: pasa de cuatro años a una condena por cohecho pasivo de tres años y seis meses así como una multa de 700.000 euros. El Supremo la absuelve del delito de alteración de precios en subasta.

Pedro Román Zurdo, exteniente del Ayuntamiento de Marbella: pasa de cuatro años a cuatro años y seis meses de prisión al condenarle a un delito de Hacienda correspondiente al ejercicio 2002. Se le absuelve de los otros tres delitos fiscales y se mantiene el de blanqueo de capitales. En total, se le impone una pena de cuatro años y seis meses de prisión y una multa que asciende a más de 7,7 millones de euros. 

Julián Muñoz, exalcalde de Marbella: al no recurrir la sentencia de la Audiencia de Málaga, no se le modifica su condena que suponía 2 años de cárcel; 16 meses de inhabilitación así como 400.000 euros de multa.

Tomás Reñones, exconcejal de Deportes en el Ayuntamiento de Marbella: se le imponen cinco años y seis meses de cárcel, inhabilitación durante siete años y seis meses, y una multa de 120.000 euros por los delitos de cohecho, fraude y prevaricación administrativa.

Pedro Pérez "Chotis", exconcejal del PA: pasa de dos años de prisión a una condena de tres años y seis meses, así como una multa de 84.000 euros e inhabilitación durante siete años y seis meses por el delito de cohecho pasivo.

Rafael del Pozo, exjefe de la Policía Local: se le condena a tres años y seis meses de prisión, multa de 60.000 euros e inhabilitación durante dos años por cohecho pasivo.

José Jaén, exconcejal: pasa de un año y seis meses a tres años y seis meses de cárcel al elevarle la pena por el cochecho pasivo. Se impone una multa de 120.000 euros e inhabilitación durante siete años y seis meses.

Vicente Manciles, exedil: se le impone una condena de tres años y seis meses de prisión, una multa de 120.000 euros e inhabilitación durante siete años y seis meses por el delito de cohecho.

Rafael González, exconcejal: pasa de cuatro años a cinco años y seis meses de prisión al elevarle la pena por el delito de cohecho. Se le condena también por fraude y prevaricación administrativa. Deberá abonar una multa de 88.000 euros y estará inhabilitado durante siete años y seis meses.

José Luis Fernández Garrosa, exconcejal: pasa de cuatro años a cinco años y seis meses al elevarle la pena por el delito de cohecho. Se le condena también por fraude y prevaricación administrativa. Deberá abonar una multa de 72.000 euros y estará inhabilitado durante siete años y seis meses.

Carmen Revilla, exconcejal: pasa de dos años a tres años y seis meses de prisión ya que el Supremo eleva la pena por un delito continuado de cohecho. Se le condena a una multa de 90.000 euros por dicho delito e inhabilitación durante siete años y seis meses.

María José Lanzat, exedil: pasa de dos años a tres años y seis meses de prisión ya que el Supremo eleva la pena por un delito continuado de cohecho. Se le condena a una multa de 48.000 euros por dicho delito e inhabilitación durante siete años y seis meses.

Belén Carmona, exedil: pasa de dos años a tres años y seis meses de prisión ya que el Supremo eleva la pena por un delito continuado de cohecho. Se le condena a una multa de 72.000 euros por dicho delito e inhabilitación durante siete años y seis meses.

Rafael Calleja, exedil: pasa de dos años a tres años y seis meses de prisión ya que el Supremo eleva la pena por un delito continuado de cohecho. Se le condena a una multa de 90.000 euros por dicho delito e inhabilitación durante siete años y seis meses.

Emilio Jorrín, exconcejal: pasa de dos años a tres años y seis meses de prisión ya que el Supremo eleva la pena por un delito continuado de cohecho. Se le condena a una multa de 90.000 euros por dicho delito e inhabilitación durante siete años y seis meses.

Testaferros, abogados y colaboradores

Salvador Gardoqui, testaferro: pasa a cuatro años de cárcel y una multa de 100 millones de euros así como la inhabilitación durante cinco años por un delito de blanqueo de capitales.

Montserrat Corulla, testaferro de Roca: pasa de cuatro años a tres años y seis meses de prisión al rebajarle la pena por el delito de blanqueo de capitales puesto que el Supremo elimina la continuidad del mismo. Se le impone una multa de 30 millones de euros.

Óscar Benavente, testaferro: pasa a cuatro años de cárcel y una multa de más de 8,6 millones de euros así como la inhabilitación durante cinco años por un delito de blanqueo de capitales.

Juan G. Hoffmann, abogado y testaferro:  pasa de tres años y tres meses a cinco años de prisión ya que se le condeja por un delito de blanqueo de capitales y un delito fiscal contra la Hacienda Pública en el ejercicio de 2002. Deberá abonar una multa que asciende a más de 17,3 millones de euros.

Manuel Sánchez Zubizarreta, abogado: condenado a cuatro años de cárcel y una multa que asciende a 100 millones de euros e inhabilitación durante cinco años por blanqueo de capitales.

Francisco Soriano Zurita, abogado: el Tribunal Supremo lo absuelve del delito de falsedad documental por el cual la Audiencia de Málaga le condenó a un año de prisión.

Óscar Jiménez García, testaferro: pasa a dos años y seis meses de cárcel y una multa de 780.000 euros por el delito de blanqueo de capitales.

Celso Dema Rodríguez, testaferro de Roca: pasa a dos años y seis meses de cárcel y una multa de 135.000 euros por un delito de blanqueo.

Empresarios

José Ávila Rojas, constructor: pasa de tres años y ocho meses a tres años y seis meses de prisión por los delitos de cohecho y blanqueo. Ha de abonar 16 millones de euros por los mismos.

Carlos Sánchez, empresario: pasa de seis años y tres meses a cuatro años y cuatro meses de prisión por los delitos de cohecho activo continuado, blanqueo de capitales y fraude. Se le impone además una multa de cuatro millones de euros e inhabilitación durante siete años y 15 días.

Andrés Liétor, empresario: pasa de seis años y tres meses a cuatro años y cuatro meses de prisión por los delitos de cohecho activo continuado, blanqueo de capitales y fraude. Se le impone una multa de cuatro millones de euros e inhabilitación durante siete años y 15 días.

Francisco García Lebrón, empresario constructor: pasa de dos años y tres meses de prisión a un año y 10 meses por cohecho y una multa de 2,2 millones de euros. Se le acusa también de fraude por lo que deberá estar inhabilitado durante tres años y 15 días.

Fidel San Román, empresario: pasa de seis meses a ocho meses de prisión por el delito de cohecho activo así como una multa de 750.000 euros. La Audiencia de Málaga le absolvión del delito de blanqueo de capitales y el Supremo ratifica esa decisión.

Miguel López Benjumea, empresario: pasa de ocho a seis meses de cárcel por un delito de cohecho. Se le impone una multa de 30.000 euros por el mismo.

Sabino Falconieri, marchante de arte y joyas: pasa de 16 meses a 10 de prisión por un delito de blanqueo de capitales y una multa de más de 2,2 millones de euros.

Héctor Pedronzo Moreiro, marchante de arte y joyas: pasa de 16 meses a 10 de prisión y una multa de seis millones de euros por un delito de blanqueo de capitales. 

Pedro Peña, marchante de arte y joyas: pasa de 16 meses a 10 meses de prisión por un delito de blanqueo de capitales. Se le impone una multa de 900.000 euros por el mismo.

Massimo Filippa, empresario italiano: pasa de cuatro años y tres meses a tres años y seis meses de cárcel. El Supremo le rebaja la pena por el delito de blanqueo a dos años y seis meses de prisión y mantiene la condena de un año por el delito de cohecho. Se le impone una multa de 3,3 millones de euros.

Jenaro Briales, empresario constructor: pasa de tres años de cárcel a un año y 10 meses por cohecho y fraude; así como una multa de 2,2 millones de euros.

José M. González de Caldas, empresario: pasa de ocho meses a seis meses de prisión por cohecho activo; así como 30.000 euros.

Enrique Ventero, empresario: pasa de ocho meses a seis meses de prisión por cohecho activo y una multa de 300.000 euros.

Jesús Ruiz Casado, empresario constructor: pasa de tres años de cárcel a un año y 10 meses por fraude y cohecho; así como una multa de 2,2 millones de euros e inhabilitación durante tres años y 15 días.

Julio de Marco, empresario:  el Tribunal Supremo lo absuelve del delito de cohecho por el cual la Audiencia de Málaga le condenó a seis meses de prisión y más de 100.000 euros de multa.

J. Martínez-Vilanova, empresario: el Tribunal Supremo lo absuelve del delito de cohecho por el cual la Audiencia de Málaga le condenó a seis meses de prisión y más de 100.000 euros de multa.

José M. Pérez Lozano, empresario:  el Tribunal Supremo lo absuelve del delito de cohecho por el cual la Audiencia de Málaga le condenó a seis meses de prisión y más de 100.000 euros de multa.

Ismael Pérez Peña, empresario: el Tribunal Supremo le absuelve de los delitos de alteración de precios de subastas y falsedad. Se le imponen nueve meses de cárcel y más de 200.000 euros por el delito de cohecho.

Familia de Roca

Antonio Jimeno, cuñado de Juan Antonio Roca: pasa de tres años y tres meses a dos años y seis meses de prisión por un delito de blanqueo, eliminando la continuidad del mismo. Se le impone además una multa de más de 916.000 euros por este delito.

El resto de imputados tienen cambios en sus condenas al no recurrir o fueron absueltos por la Audiencia de Málaga, decisión que ratifica la sentencia del Tribunal Supremo.