Casi siete años después de que la Junta de Andalucía y el Gobierno central firmasen un acuerdo para extender el Centro de Transportes de Mercancías (CTM) de Málaga en otras 37 hectáreas de suelo, a sumar a las 27 actuales, surgen las primeras empresas interesadas en asentarse en la zona de ampliación. En concreto, según dio a conocer ayer el director gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez Celis, en los próximos días su departamento se reunirá con representantes de la multinacional de la alimentación interesada en crear su centro en estos nuevos suelos, aún por desarrollar.

Según dijo, la firma mostró su predisposición a ubicarse sobre 90.000 metros cuadrados, construyendo naves, almacenes y oficinas que supondrían una inversión privada de unos 30 millones de euros y la creación de 200 puestos de trabajo. Lo que no hizo fue desvelar la identidad de la multinacional, que, en caso de concretar su interés, habrá de negociar la compra de las parcelas directamente con Sepes, propietario actual de este espacio.

En su visita ayer a Málaga, Gómez Celis anunció que en los próximos días se reunirá con el Gobierno para concretar la ejecución de la ampliación del Área Logística de Málaga, buscando cumplir al convenio de 2009. A juicio de los responsables autonómicos, al impulso de la reurbanización de estas 37 hectáreas puede contribuir justamente la aparición de la multinacional de alimentación.

En concreto, la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga convocará a representantes de la Subdelegación del Gobierno, de la empresa estatal Sepes y del Ayuntamiento de Málaga para abordar este asunto. El Área Logística de Málaga, gestionada por la Junta a través de la Red Logística de Andalucía, tiene ya en funcionamiento su sector 1 -el Centro de Transporte de Mercancías (CTM)-, de 27 hectáreas, que se encuentra completamente ocupado por 103 empresas, que proporcionan empleo a 1.700 trabajadores, gracias a una inversión pública y privada de 37 millones. Por ello, es necesaria la construcción del sector 2, en la parcela contigua de Buenavista, de 37 hectáreas, para permitir la implantación de nuevas firmas.

El convenio de 2009 fija que sea la Administración autonómica la que se encargue de la planificación funcional y urbanística necesaria para la transformación de los terrenos y la gestión posterior del recinto. Por su parte, el organismo estatal se obligaba a realizar las obras de urbanización, valoradas en unos 35 millones de euros, y la posterior comercialización de las parcelas.