La Fiscalía de Málaga ha remitido a los juzgados las diligencias iniciadas por supuestas irregularidades en las ayudas de fondos públicos recibidas por las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), detectadas en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía correspondiente al periodo 2010-2012. Así, se pide que se abra un procedimiento penal para "el total esclarecimiento de los hechos".

Las diligencias de investigación penal se abrieron en la Fiscalía malagueña en diciembre de 2014 tras el decreto del Fiscal Superior de Andalucía, que ya había realizado gestiones, según consta en el escrito emitido el pasado mes de agosto. Ahora, el ministerio público, tras analizar la documentación e impulsar otras pesquisas, ha acordado judicializar el asunto, al entender que existen "indicios de ciertos delitos".

Los consorcios Utedlt -ya extinguidos- eran entidades con personalidad jurídica propia, participados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y por la Administración local de Andalucía, a través de corporaciones municipales y supramunicipales. Se crearon como instrumento de colaboración para fomentar el empleo local, lograr un mayor aprovechamiento de los recursos en cada zona y acercar a los ciudadanos los servicios ofertados por la Junta en esa materia.

En total, había 95 consorcios en Andalucía, pero la fiscalización se hizo sobre una muestra, abarcando a 24, tres por provincia. Según el escrito, era la Consejería de Economía e Innovación, a través del presupuesto del SAE, la que sufragaba al 100 por cien los gastos de personal de la estructura básica -directores- y asumía un porcentaje de los costes salariales de la estructura complementaria, compuesta por los Agentes Locales de Promoción y Empleo (Alpes).

"Sin embargo, la falta de capacidad económica de las entidades locales para atender el coste de la estructura complementaria determinó que el mismo fuese asumido por la Junta de Andalucía". Dicha financiación "se sufragaba mediante las subvenciones que anualmente concedía el SAE", según una orden que establecía las bases de la concesión de ayudas públicas a estos consorcios.

Así, inicialmente, se detectaron irregularidades que van desde la propia actividad subvencionada hasta "la falta del necesario control de las actuaciones" que justificarían la ayuda. La Cámara de Cuentas señalaba que aunque los beneficiarios estaban obligados a realizar la actividad que fundamenta la concesión de aquellas, "en realidad las ayudas recibidas tenían como finalidad el sufragar los costes salariales del personal de los consorcios".

El caso de Málaga

En el caso de Málaga había 14 Utedlt. Se concedieron por el SAE 3,5 millones de euros en 2010, 3,4 millones en 2011 y 1,7 millones en 2012. La investigación, realizada a instancia de la Fiscalía por especialistas de la Policía Nacional, "ha confirmado las irregularidades apreciadas por la Cámara de Cuentas y se refiere tanto a la ilegitimidad de la obtención de las subvenciones por los consorcios como a la falta de un control efectivo de las mismas".

Así, en el escrito de la Fiscalía se precisa que, pese a que los 'contratos programa' eran el eje del funcionamiento de los consorcios al delimitar las actividades a realizar, "lo cierto es que desde 2009 no se ha suscrito ninguno ni se han establecido objetivos a cumplir ni consecuentemente un sistema de evaluación de la consecución de los mismos que sirviera para calcular los incentivos económicos".

Al respecto, se señala que desde ese año el SAE "no sólo va a seguir financiando dichos consorcios, asumiendo el coste salarial de sus empleados, sino que va a abonar incentivos" a las unidades ubicadas en Málaga por un importe global de 819.497 euros entre 2010 y 2011.

Respecto al control, se indica que, según el informe de la Policía, "no se ha encontrado en la documentación analizada" relativa a los consorcios de Málaga certificación del interventor de la entidad que refleje el destino de la subvención percibida, sino que "lo que existe es un certificado" de éste, con el visto bueno del responsable provincial de Empleo, que "no son lo que exige la normativa reguladora de estas ayudas públicas".

Por esto, la Fiscalía considera que las ayudas recibidas por los consorcios "carecían de la necesaria justificación, pues no se habían suscrito los oportunos contratos programa sobre la actividad a realizar en el fomento del empleo, a los que la normativa reguladora supedita su concesión".

"Al no haberse establecido la actividad a desarrollar ni haberse determinado los objetivos a cumplir, el abono de incentivos por consecución de objetivos previstos resulta igualmente contrario a derecho", dice el ministerio público, por lo que concluye que inicialmente, con lo investigado, existen "indicios de la presunta comisión de ciertos delitos", como podría ser el de prevaricación y malversación.

Considera que son los juzgados de Málaga capital los competentes para investigar estos hechos y pide al órgano al que le recaiga la causa que abra un procedimiento y cite a declarar, en calidad de imputados, "a los representantes de las entidades beneficiarias de las subvenciones" y a los que aparecen como responsables de los consorcios y firman las certificaciones o resoluciones de ayudas en el periodo investigado.