Una profesora de 5º de Primaria llamó al teléfono gratuito del Defensor del Profesorado del sindicato ANPE para denunciar que el grupo de whatsapp de las familias de su clase se había convertido en un foro para criticar su forma de trabajar, cuestionar su función y su cualificación como docente. "Incluso llegaron a insultarla por su forma de vestir", explicó ayer la presidenta provincial de ANPE, María del Amo Pérez. Como éste son muchos los casos que llegan debidos al mal uso de estos grupos "ante el gran vacío legal que existe" y desde este servicio consideran ya esta vía como una de las mayores causas de conflicto entre docentes y padres, por lo que piden su regulación de forma urgente.

Aunque el número de conflictos tratados durante el curso 2014-2015 es el mismo que el año anterior -un total de 25 casos-, el Defensor del Profesorado destaca que desde hace algunos años se han incrementado en Primaria. También ha subido el porcentaje en Infantil y mucho tienen que ver, según el sindicato, los grupos de whatsapp. "En Infantil es bastante habitual que se informe a los padres a través de esta vía y al final generan conflicto porque no se utiliza este medio adecuadamente", apuntó ayer Antonio García Moreno, secretario de comunicación de ANPE.

"Tiene que existir una normativa, unas instrucciones que marquen las características de estos grupos y el que las incumpla que pueda ser sancionado, penalizado, expulsado del grupo para que no se le cuestione constantemente al docente", apuntó García Moreno y subrayó que "hay que informar a la sociedad de que esto es serio, igual que están teniendo ya consecuencias penales los insultos o amenazas a través de otras redes sociales, no puedes hacer un grupo y ponerte a criticar, a insultar o cuestionar la labor docente".

De las 25 denuncias de docentes, tres de ellas fueron por agresiones físicas. El resto por denuncias falsas, acoso y amenazas por partes de los padres, falta de respeto e insultos de los alumnos y problemas con la dirección del centro o con la administración. Málaga se sitúa a la cabeza de Andalucía, que ha tenido un total de 161 incidencias registradas en este servicio. En cuanto a los problemas con los alumnos, el 38% se refiere a dificultades para dar clase y el 35% a faltas de respeto e insultos. Las conductas agresivas suponen un 15% de los casos y un 8% las grabaciones y las fotos que se suben a internet, un apartado que también crece en los últimos años "de forma significativa y prevemos que se siga incrementando", según ANPE.

"Los problemas para dar clase están aumentando muchísimo porque el clima en el aula está empeorando y lo achacamos a los recortes en Educación", destacó la presidenta provincial del sindicato. "El hecho de que haya aumentado la ratio, que se haya disminuido el número de profesores, que se utilicen los profesores de apoyo para cubrir las bajas, la inestabilidad de las plantillas, todo eso está influyendo en que los conflictos vayan en aumento", agregó María del Amo Pérez.

Un 44% de los docentes que acudieron a este servicio de Defensor del Profesorado aseguraron no sentirse respaldados por la dirección de su centro. Y seis de cada diez tampoco sintieron que la inspección apoyó su caso. "Pensamos que la Administración ha puesto recursos para solucionar los casos leves y que se queden en el centro pero, sin embargo, cuando son más graves intenta eludir su responsabilidad o no ha dado instrumentos o herramientas eficaces al respecto", criticaron ayer desde ANPE. Y señalaron que la estabilidad en el número de casos atendidos -también 25 en el curso 2013-2014 y 29 en el 2012-2013- supone que "los medios que está poniendo la Administración son insuficientes porque no se ha solucionado nada a pesar de que estos informes se han puesto en sus manos", añadió Antonio García Moreno.

Las bajas por estrés y ansiedad suben del 14 al 23%

En el 48% de los conflictos tratados por este servicio la ansiedad fue una causa directa de la situación por la que atravesaba el docente . El 26% sufrió ansiedad y el 23% causó baja. En el curso 2013-2014 las bajas sólo supusieron un 14%, por lo que el incremento es notable. "Teniendo en cuenta que no están reconocidas las enfermedades psicosociales como profesionales, estos compañeros tienen un importante recorte en sus nóminas a final de mes", señaló María del Amo Pérez y destacó que, sin embargo, están en una situación tan límite que el recorte económico es casi lo de menos para ellos.