Coso de Badajoz, a la que la Diputación provincial de Málaga ordenó el pasado 20 de noviembre el desmontaje de los bares instalados de forma irregular en los bajos de la plaza de toros, apunta de manera directa al equipo de gobierno del PP. En el escrito de alegaciones presentado por José Cutiño el pasado 6 de octubre, en el marco del expediente informativo abierto por el organismo, negó cualquier tipo de irregularidad y trató de defender su actuación recordando la existencia de un conocimiento directo por parte de los responsables de la institución. Conocimiento en el que incluyó que los negocios de hostelería iban a ser gestionados por terceros.

Es justamente este hecho el que utilizó la Junta de Gobierno del ente provincial para ordenar el cierre de las instalaciones, aduciendo que tales usos carecían de la necesaria autorización. Frente a esta tesis, el empresario sobre el que recae la gestión del coso taurino vino a señalar en su escrito de alegaciones que consideraba que dicha autorización era "innecesaria"o bien "debe ser tenida por tácticamente resuelta favorablemente, dado el tiempo transcurrido y el consentimiento de desarrollo de la actividad que se viene desarrollando desde su apertura".

El pronunciamiento de Cutiño toma como base la inacción con la que equipo de gobierno del PP ha actuado en este asunto desde la apertura a finales del pasado mes de marzo de los bares y puestos gastronómicos, dentro de la bautizada como Plaza Gastronomía. Y ello a pesar de la existencia de informes internos que alertaban de la irregularidad en la que se encontraba ese espacio y de que el pliego de condiciones que rigió la contratación de la explotación de La Malagueta a Coso de Badajoz es claro al prohibir la cesión a terceros de cualquier espacio del inmueble.

"Debe entenderse que existe un pacto entre la Diputación y la adjudicataria y una aceptación de los términos y condiciones de la actividad de la Plaza Gastronomía en toda su extensión y condiciones de desarrollo", añade el escrito de Cutiño, en el que se recuerda que el citado proyecto "está concebido, presentado y solicitado para que su explotación se realizaría por terceros". Algo reflejado, destaca Coso de Badajoz, "en el propio dossier del proyecto presentado".

Incluso, para refrendar esta circunstancia indica que de ello quedó constancia en la presentación de la iniciativa ante Diputación "mediante la presencia, en la primera reunión mantenida en Presidencia, de los empresarios de hostelería de reconocido prestigio en la ciudad de Málaga para, precisamente, apoyar y dar solidez y profesionalidad al proyecto". "Queda constancia en las fotografías tomadas en el acto de inauguración y demás celebrados con presencia de representantes de esta administración, donde aparecen juntos posando al efecto y así es público y notorio desde antes de los comienzos de la actividad", apostilla.

El documento, al que tuvo acceso este periódico, constata la percepción por parte del adjudicatario de la plaza de toros de que la actividad hostelera desarrollada en los bajos del coso disponía del permiso, si no formal si de facto, de la institución provincial. La alegación presentada a principios de octubre, sin embargo, no impidió que la Diputación decretase la anulación del espacio de restauración y fijase una sanción de 6.000 euros.

"Una vez vistos los antecedentes, tras constatar la situación y oídas todas las partes, el expediente informativo abierto a la empresa concesionaria ha determinado que ha habido un incumplimiento del pliego de prescripciones técnicas de organización y gestión de la celebración de espectáculos taurinos y musicales en la plaza de toros de La Malagueta y de promoción de la fiesta taurina", exponía literalmente la resolución adoptada por la Diputación el pasado 20 de noviembre. Al tiempo, incidía en que las normas que regulan la prestación del servicio en la plaza "no contemplaban la actividad La Plaza de Gastronomía", prohibiendo además "subcontratar o ceder bajo cualquier fórmula, total o parcialmente, la plaza y demás instalaciones o servicios, sin la autorización de la Diputación".

Sin embargo, la determinación tuvo lugar ocho meses después de permitir la apertura de estas instalaciones, acto al que asistió incluso el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y de la existencia de un informe "de legalidad" emitido el 28 de enero (dos meses antes de la apertura del espacio de restauración), por parte de la jefa del Servicio de Contratación y Patrimonio, en el que de manera clara se subrayaba la irregularidad en la que incurría la aceptación de este espacio. "No se trataría de una actividad prevista ni acorde con el pliego de cláusulas administrativas y técnicas que rige en este expediente y que en caso de ser admitida daría lugar a una modificación sustancial del contrato proscrita legalmente por alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación", refrendaba el escrito, ignorado durante meses por el equipo de gobierno del PP.