Las espadas en todo lo alto. El Metro de Málaga vuelve a ser escenario de conflicto entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, que ayer sentenció a muerte el proyecto para la prolongación del ferrocarril urbano en superficie hasta el entorno del Hospital Civil. La reacción de la Administración regional no se ha hecho esperar. El delegado del Gobierno andaluz en la provincia, José Luis Ruiz Espejo, en una rueda de prensa convocada de urgencia, acaba de acusar de actuar con "mala fe y deslealtad institucional" al equipo de gobierno del PP, al que ha recordado que el informe negativo emitido por la Gerencia de Urbanismo supone un "torpedo a la línea de flotación" de la red de Metro en su globalidad.

Ruiz Espejo, acompañado del delegado territorial de Fomento, Francisco Fernández España, ha incidido en que el paso adoptado por el Consistorio afecta de manera clara a la "viabilidad" del suburbano. En este punto, ha incidido en que pone en cuestión todos los acuerdos adoptados en los últimos años que tomaron como punto de partida el protocolo de intenciones firmado por ambas administraciones en noviembre de 2013.

Y ello es lo mismo que hablar de los documentos contractuales suscritos con los socios privados del Metro en 2014, la novación del crédito concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y las asignaciones presupuestarias aportadas por la Junta a la continuación de los trabajos del suburbano. Ante este nuevo escenario, Ruiz Espejo anunció que se ha solicitado al presidente de la concesionaria, Javier Pérez Fortea, la convocatoria urgente del consejo de administración de Metro Málaga para "analizar las consecuencias que se pueden derivar" de la última decisión municipal.

Aunque no quiso hablar de bloqueo en los trabajos de continuación de los tramos en la Alameda Principal y en el entorno del Corte Inglés, sí insistió en que el protocolo es claro al vincular el tramo en superficie al tajo soterrado hasta el centro.