El fraude o, cuanto menos, la irregularidad a la hora de realizar contrataciones está a la orden del día en centenares de empresas y con la crisis se ha agudizado por la falta de recursos económicos. La Inspección de Trabajo, la Seguridad Social y la Agencia Especial Tributaria actúan para evitar el mayor número posible de fraudes, aunque siempre teniendo en cuenta que sus posibilidades económicas y humanas no son excesivamente amplias. Aún así, entre los años 2012 y 2015 han conseguido sacar a la luz un total de 12.512 empleos irregulares en la provincia de Málaga, según informó ayer la Delegación del Gobierno en Andalucía. Su regularización y las multas correspondientes han permitido a la Seguridad Social recaudar 157 millones de euros en tres años en Málaga, una cantidad que se eleva a los 782 millones en el conjunto andaluz. Si se le suman las inspecciones y el control financiero de la Agencia Tributaria, la cantidad obtenida en toda Andalucía es de 5.120 millones de euros.

Hay fraudes de todos los colores. Desde empresas que no existen y contratan de forma ficticia a empleados para cobrar ayudas de la Seguridad Social hasta la que firma un contrato de media jornada a un empleado y luego éste la realiza completa. En el primer caso, por ejemplo, los funcionarios públicos hicieron 2.520 inspecciones entre 2012 y 2015 y encontraron 717 casos en los que se había producido un hecho ilegal. Solo el año pasado, hicieron 713 inspecciones y realizaron 83 anulaciones de contratos falsos. En el segundo caso, se analizaron el año pasado un 15% más de inspecciones sobre contratos a tiempo parcial. El resultado, dentro de lo que cabe, fue satisfactorio pues de 157 inspecciones se pusieron denuncias por infracciones en 27 casos, si bien el volumen de trabajadores afectados creció notablemente. En 2015 afloraron 239 empleos irregulares por esta materia y en 2014 habían sido 34.

También es relativamente habitual que haya fraude en las prestaciones por desempleo. Hay trabajadores apuntados al paro, cobrando la prestación y que están empleados, recibiendo ingresos en negro. Aquí el volumen de fraude es además amplio. El Gobierno ha realizado en tres años 3.335 inspecciones a empresas por ese posible fraude en la prestación por desempleo en Málaga y se han detectado 1.503 infracciones, por lo que es casi la mitad de las analizadas. En el caso de los trabajadores, la situación es similar. Se ha investigado a 3.933 personas y se ha pillado a 1.742.

Las inspecciones, lógicamente, no paran. El Gobierno anunció ayer que este año habrá 98.000 actuaciones en Andalucía en Seguridad Social, economía irregular y trabajo de extranjeros, prevención de riesgos laborales o relaciones laborales. Según los expertos, la economía sumergida mueve en Málaga en torno a 8.000 millones de euros, el 28% del PIB local.