La Fiscalía de Málaga sigue la investigación por los presuntos casos de enchufismo en la empresa mixta de limpieza Limasa por parte de algunos partidos políticos. El fiscal analizará el vídeo de la comparecencia del gerente de la sociedad, Rafael Arjona, en la comisión de investigación que se mantiene abierta en el Ayuntamiento de Málaga para determinar si en sus declaraciones hubo algo al respecto y decidir si lo llama o no a declarar, como ya hiciera el presidente del comité, Manuel Belmonte, la semana pasada.

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, que ejerce la presidencia de la comisión de investigación abierta sobre la gestión de la sociedad, entregó ayer mismo una copia de la grabación de la comparecencia que Arjona realizó ante la comisión el pasado 12 de febrero.

El fiscal requirió el material al presidente de la comisión y portavoz municipal de Ciudadanos, Juan Cassá, mediante un escrito el pasado 13 de mayo, justo el mismo día que tomó declaración durante varias horas a Belmonte y tras lo que decidió continuar con las diligencias de investigación abiertas a finales de abril tras la denuncia precisamente de ese partido.

Sobre los supuestos enchufes en Limasa por recomendación de los partidos políticos en su comparecencia en la comisión, el gerente se refirió expresamente a una petición de colocación de varias personas realizada IU, aunque sin dar más detalles. Al respecto, dijo que las contrataciones en Limasa al ser una sociedad con capital mayoritario privado "no se rigen por igualdad, mérito y capacidad" y reconoció mantener "vínculos personales" con unos trabajadores de la empresa, si bien se defendió diciendo que "no me dedico a preguntar por los vínculos de las personas y las relaciones que existen".

Pero fue en la siguiente sesión de la comisión cuando el presidente del comité de Limasa hizo estallar la bomba sobre los supuestos enchufes en la empresa, en la que el Ayuntamiento de Málaga participa con el 49% del accionariado frente al 51% de sus socios privados (FCC, Urbaser y Sando). En esa ocasión, Belmonte aseguró que hay partidos políticos que en anteriores mandatos han mediado para colocar a determinadas personas en la empresa.

La pregunta de si le constaba que algún partido político hubiera metido a trabajadores en Limasa fue lanzada por el concejal de Ciudadanos Alejandro Carballo, que ese día sustituyó a Juan Cassá como presidente de la comisión, y Belmonte fue tajante al afirmar: "sí".

Preguntado por las formaciones a las que se refería, el presidente del comité dijo entonces que los partidos nuevos es "indudable que no han tenido opción porque la bolsa se cerró en 2013", pero insistió en que "los antiguos, no todos, sí han mediado para facilitar que determinada gente pudiera entrar". Sobre si estaba de acuerdo o no, respondió: "no me parece bien por ningún lado pero si lo hace una parte la otra parte también quiere el trozo de la tarta". "No lo hemos denunciado porque todos hemos estado dentro de ese juego", sentenció.

Pero lo que no explicó entonces es nada acerca de un sistema de contratación no escrito por el que la empresa supuestamente repartía entre las distintas secciones sindicales un cupo a la hora de contratar a operarios eventuales. Era el conocido como sistema de cupos o de 80-20 que se mantuvo presuntamente hasta el verano de 2013 después de que comité y empresa firmaran meses antes un acuerdo para crear definitivamente una bolsa de trabajo que regulara esa situación. Al parecer, consistía en que el 80% de las contrataciones temporales se hacían recurriendo a las personas que más días tenían cotizados en el listado que había entonces, mientras que el 20% restante se repartían para que fueran la propia empresa y los sindicatos los que propusieran los nombres de las personas a las que debían ir dirigidos. Lo reconocen los propios sindicatos en una reunión celebrada por el comité de empresa de Limasa el 12 de septiembre de 2011.

El acta de esa reunión fue una de las pruebas aportadas en la demanda puesta por el sindicato UTL contra la empresa. Pero el Juzgado de lo Social número 3 de Málaga falló en contra por considerar que no se había acreditado que la empresa contratara a trabajadores eventuales mediante el sistema de cupos sindicales.