Una mancomunidad es una "corporación o entidad legalmente constituida por agrupación de municipios o provincias". Y mancomunar: "unir personas, fuerzas o caudales para un fin". Las dos definiciones sacadas de la Real Academia de la Lengua Española justifican que los ayuntamientos deleguen competencias propias en un órgano mayor en el que de forma conjunta se presten los mismos servicios en términos más ventajosos para sus vecinos. Lo que no se especifica en ninguna de ellas es que implique la creación de un tercer gobierno en la provincia, un refugio de perdedores de elecciones que utilizan todos los partidos políticos, paralelo a los ayuntamientos y a la propia Diputación Provincial. Las Mancomunidades Occidental y Oriental de la provincia -junto a sus empresas de agua- emplean de forma directa a más de 20 políticos, entre los que se encuentran 4 alcaldes y 14 concejales malagueños; además de otros tantos cargos orgánicos de los partidos. Mantener su estructura política le cuesta a los ciudadanos más de un millón y medio de euros al año, porque en total son 85 los políticos que acaban percibiendo alguna cantidad económica a cuenta de estos entes. Ochenta de ellos como vocales de las dos mancomunidades y los otros cinco, cargos que están los aparatos de los partidos.

Los dos órganos mancomunados se organizan en asambleas, a las que cada municipio aporta un número variable de concejales, en función de su población, que se convierten en vocales. El signo político de los ediles que se incorporan va a cuenta del reparto de votos en las municipales. Aunque en este concepto entran también las negociaciones de los partidos para alcanzar pactos de gobierno local.

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental maneja unos presupuestos anuales cercanos a los 80 millones de euros para los 11 municipios que forman parte de ella -Benahavís, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas, Ojén y Torremolinos-. Del total, más de 20 son para la Mancomunidad y 60 están destinados a la empresa de agua Acosol. Los gastos de personal del ente mancomunado, sin Acosol, ascienden a los 3 millones de euros, de los que los cargos políticos se llevan medio millón de euros. Una cantidad a la que habría que sumar las asignaciones que se contemplan para cada una de las formaciones políticas con representación en la institución -casi 125.000 euros en total- y que utilizan para ampliar, en varios partidos, sus agencias de colocación. Y ello sin tener en cuenta la empresa de aguas, porque Acosol destina casi 600.000 euros a políticos y cargos de confianza.

Las 39 vocalías que conforman la asamblea de la mancomunidad se las reparten entre Partido Popular (20), PSOE (13), Izquierda Unida (2), Ciudadanos (2), Opción Sampedreña (1) y Compromiso Manilva (1). De esta representación 14 cargos se reparten la presidencia, siete vicepresidencias y 13 delegaciones, aunque sólo 12 perciben un salario por las áreas asignadas. El único partido que no ha entrado en el reparto de la tarta ha sido IU, aunque C's no percibe sueldo por la vicepresidencia 4ª asignada, ni OSP por la delegación que ocupa. En este mandato de plurigobierno los populares tienen a 8 ediles cobrando, el PSOE a 3 y Compromiso Manilva a 1. A lo que perciben del ente mancomunado habría que sumarle la asignación por asistencia a plenos y comisiones en sus respectivos ayuntamientos, que en el caso de los más importantes de la Costa del Sol llega a suponer del orden otros 1.000 euros al mes. De los 12 con salario a cuenta del ente, 10 son ediles en la oposición que con sus nombramientos en el ente mancomunado se han asegurado unas retribuciones mucho más altas que las que percibirían de sus ayuntamientos. Los demás vocales de la asamblea que no tienen asignada ninguna delegación reciben 50 euros por asistencia a plenos, comisión gestora, comisión informativa y junta de portavoces, según les corresponda.

Aparte, la dotación asignada a cada grupo político es de 1.200 euros mensuales, más 200 euros por cada vocal. Por lo que al PP le corresponden 2.600 euros al mes, al PSOE 1.800, a IU y C's 1.600 a cada uno, y a OSP 1.400. En total, casi 125.000 euros al año de nuevo a cuenta de los partidos. Con esta partida los populares tienen contratada en su grupo a Carmina Muñoz Oriol, hermana de la ex alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz, y los socialistas a David Valadez, ex alcalde de Estepona y secretario local del PSOE; que abandonó este mandato su acta de concejal en la oposición, en la que no cobraba. OSP, por su parte, contrató a Ana Quintero Aguilar.

Entre las competencias de la Mancomunidad Occidental figuran el abastecimiento, saneamiento y depuración del agua; turismo y playas; medio ambiente y planeamiento. Teniendo en cuenta que el agua se deja en manos de Acosol, si nos centramos en el turismo viene a suponer una duplicidad de funciones, pues la Diputación destina una partida millonaria a la promoción de la provincia, que se suma al esfuerzo Turismo Andaluz de la Junta de Andalucía y del propio Gobierno central. Lo que no impide crear una vicepresidencia por 50.000 euros al año para que ex alcalde popular del PP de Mijas, Ángel Nozal, se sitúe al frente de la misma. Pero es que el mismo cargo asume también la coordinación de la delegación de Playas, pero no su gestión, que recae sobre otro delegado que cobra 35.000 euros. En playas la única competencia que asume la mancomunidad, y así lo reflejan en su página web, es el balizamiento de las zonas de baño, para diferenciarlas de la parte autorizada para la práctica de deportes náuticos.

En cuestiones medioambientales se encarga de recibir los residuos para tratarlos y separarlos en función de su composición, lo que realiza a través de la planta de reciclaje de Casares, para lo que se crea otra vicepresidencia dotada de 48.5000 euros. Pero de nuevo en este caso el alcalde socialista de Ojén, José Antonio Gómez, únicamente dirige y coordina, asumiendo sólo las competencias de la delegación de Residuos Sólidos Urbanos. Porque Medio Ambiente y Puntos Limpios tienen su propia delegación por 35.000 euros.

Al menos todas ellas son delegaciones que se corresponden con las funciones asignadas a la mancomunidad, como lo serían las de Hacienda y Régimen Interior, la de Inversiones o la de Oficina Técnica, pero es que se ha creado incluso una delegación de Relaciones Institucionales -40.000 euros-, otra para Buen Gobierno y Transparencia, una más para Nuevas Tecnologías y Mancomunidad 3.0, y otra para Formación -cada una con una asignación de 35.000 euros-. Y aunque sin dotación económica, las delegaciones de Mediación de Conflictos y Consejo Consultivo de Participación Social.

La mancomunidad de los municipios axárquicos maneja unos presupuestos más discretos -12,1 millones de euros- que se traducen en un número menor de políticos con cargo a sus arcas y unos sueldos también más bajos. Algo más de 340.000 euros es aproximadamente el montante que el ente supramunicipal destina a estos puestos anualmente, repartidos entre la empresa de aguas, Axaragua, y el organismo mancomunado.

El presidente y los tres primeros vicepresidentes de la mancomunidad son los únicos que tienen asignadas unas retribuciones anuales por sus funciones en el ente supramunicipal; ascienden a 141.000 euros. El reparto según la representación de los partidos en los 31 municipios de la Axarquía deja la presidencia en manos del PSOE, y las tres primeras vicepresidencias para Izquierda Unida, el Partido Popular y el Partido Andalucista. Hay cuatro vicepresidentes más que solo cobran 300 euros por asistencia a pleno (bimensual).

La junta está compuesta por 41 vocales en total -PP (17), PSOE (14), IU (4), PA (3), Por Mi Pueblo (2) y Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar (1)-. Quienes no ostentan vicepresidencia y presidencia tienen unas asignaciones de 90 euros por pleno y 60 euros por comisión (hay que tener en cuenta que no todos están convocados a esta última). Un cálculo aproximado permite aventurar que el gasto en representación política asciende como mínimo a 170.000 euros entre retribuciones y asistencia a los órganos. El gasto de personal asciende a 1,3 millones de euros al año.