El estado de parálisis que afecta desde hace algo más de un año la obra del Metro en el entorno de El Corte Inglés sigue prolongándose. Superado el desacuerdo económico con la anterior empresa adjudicataria, Grupo Ortiz, con la que se acordó la resolución del contrato, el proyecto se topa ahora con muro inesperado: la Consejería de Hacienda. La falta de un informe por parte de este departamento autonómico ha impedido hasta el momento que la propuesta de la Consejería de Fomento por licitar los trabajos de terminación del tramo El Perchel-Guadalmedina haya llegado a la mesa del Consejo de Gobierno andaluz, ente que tiene que dar luz verde a la operación.

Varias fuentes consultadas por este periódico confirmaron que la ausencia de este documento presupuestario está bloqueando el proceso administrativo de esta pieza de la infraestructura ferroviaria, clave para que los trenes del suburbano lleguen al Centro de la ciudad en el verano de 2018, como se comprometió el titular de Fomento, Felipe López.

La demora en la emisión de ese informe ha dado al traste con cada uno de los hitos temporales manejados por Fomento para impulsar este concurso. Muestra de ello es que López llegó a anunciar que la apertura del procedimiento se produciría primero el pasado mes de mayo, luego en el mes de junio, posteriormente en septiembre y finalmente este mes de octubre. Esta última referencia temporal también queda incumplida, dado que la sesión de hoy del Consejo de Gobierno no incluye entre los asuntos de su orden del día el Metro.

Ello llama más aún la atención cuando, según algunas fuentes, toda la documentación de carácter técnico y económico correspondiente al tajo fue aportada por la Agencia de Obra Pública de Andalucía "antes incluso" del periodo estival.

La demora ya acumulada de casi medio año, más allá del valor simbólico por afectar a dos entes departamentos de la Junta, es especialmente relevante por la incidencia que con casi toda seguridad va a tener sobre los plazos de terminación de la parte final del Metro. El compromiso del verano de 2018 (aplicable hasta mediados de septiembre de ese año) se puede dar casi por liquidado conforme a los plazos que requiere un proceso de contratación de esta envergadura y el calendario necesario para completar la obra aún por finalizar.

Esta particular cuenta atrás tiene ante sí del orden 22 meses y medio. Un periodo en el que incluir no solo el tiempo de desarrollo de las obras, estimado técnicamente en unos 22 meses (23,59 millones de coste), sino el procedimiento previo para la licitación (un mínimo de 52 días para la presentación de ofertas), el análisis de las proposiciones y la adjudicación. Una fase administrativa que puede requerir de entre cuatro y cinco meses. Ello haría que en el mejor de los casos la reactivación de este tajo se demore a marzo o abril del año que viene.

Desde ese momento quedarían aún 17 meses para el verano de 2018. La afección temporal es aún mayor si se tiene en cuenta que la parte que será objeto del concurso se limita a la infraestructura y la reurbanización, quedando pendiente para los próximos meses la contratación de otras tareas como las de comunicaciones, sistemas y arquitectura de este mismo tramo. Estas etapas pueden requerir de otros 12 meses.

Y si bien parte de este calendario se puede solapar con el desarrollo de la infraestructura, la realidad es que la coincidencia no será plena. Es decir, que una vez finalizada la ejecución de la excavación del túnel los operarios dedicados a los trabajos complementarios podrán estar varios meses más en el tajo.

Esta parte del recorrido viene sufriendo desde el arranque de las obras en febrero de 2010 un constante sobresalto. Desde ese momento se acumulan ya 79 meses sin que la infraestructura, con una extensión de menos de un kilómetro, haya sido completada. Al retraso provocado por la aparición de restos arqueológicos hubo que sumar los problemas económicas de la Junta años atrás, que ralentizaron el ritmo de los trabajos y, más recientemente, el desacuerdo con Ortiz, con la que a finales de agosto se acordó la resolución del contrato tras el abono de una liquidación de 4,3 millones.

Exigen a la Junta que prime el interés de la ciudad

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, informó ayer de que la próxima reunión de la comisión de seguimiento de la obra del Metro está fijado para el 4 de noviembre. El regidor confió en que en ese encuentro la Junta de Andalucía muestre una actitud "sensata, razonable, dispuesta a poner el interés de la ciudad por encima de cualquier posicionamiento político". De la Torre se mantuvo firme en su apuesta por el metrobús, al considerar que "está lleno de tantas razones positivas y tanto sentido común y ventajas, que no debe la política cruzarse en algo que es positivo para la ciudad". "Nosotros no tenemos aquí ninguna estrategia política de desgaste, de crítica, de querer ganar ningún pulso a la Junta, ni lo más mínimo", dijo. Insistió en que esta alternativa "libera presupuestariamente a la Junta, no le va a costar más, le va a costar menos", recordando que hasta el año 2020 la previsión es que se aporten unos 60 millones de euros anuales.