Un material aislante efectivo y barato que, a pesar de saberse de su peligrosidad, proliferó en la construcción en los años 60 y 70 era lógico que estuviese igual de presente en las infraestructuras educativas. Sobre todo, en aquellas que nacieron del Plan de Urgencia de Andalucía ante la explosión demográfica en barrios malagueños como Miraflores de los Ángeles, El Palo, Campanillas o San Andrés. En municipios como Cártama, Torremolinos o Antequera. En 1977 la Organización Mundial de la Salud catalogó el fribrocemento como cancerígeno de tipo 1, igual que el tabaco. Su uso se prohibió en 2002 pero aún queda mucho en los colegios e institutos de la provincia. Según un estudio de la plataforma Málaga Amianto Cero sólo siete centros suman en sus tejados más 12.500 metros cuadrados de asbestos. Las madres, principalmente, iniciaron protestas que el curso pasado cobraron bastante relevancia. Tras esto, la Junta de Andalucía anunció que invertirá casi 2 millones de euros en actuaciones de retirada en una treintena de centros.

La Delegación Territorial de Educación aún no ha hecho público un calendario de actuaciones, cuáles serán prioritarias y cuáles se harán después. Lo que sí aseguran es que "estas actuaciones se realizarán durante el periodo no lectivo de Navidad y las vacaciones escolares de verano, por tanto, está previsto que el plan comience este mismo mes de diciembre". Las primeras serán "una decena de actuaciones que tendrán su ampliación y continuación en el verano de 2017", dicen desde Educación y añaden que "en los próximos días se comunicará a las direcciones de los centros respectivos la realización de dichas operaciones de retirada".

Mientras tanto, la plataforma Málaga Amianto Cero establece una lista de las que, según su estado de conservación, deberían de acometerse antes. "Sabemos que técnicos de la Agencia Pública Andaluza de Educación han estado haciendo un peritaje visual, han podido reconocer los tejados más deteriorados y los que están menos, pero no sabemos el criterio para asignar el presupuesto", comentan desde la plataforma. La clasificación de la entidad la encabeza el CEIP José Calderón, en Campanillas. No sólo porque su comunidad educativa lleva luchando para que se elimine el fibrocemento de sus tejados y canaletas, sino porque cuenta con 2.196 metros cuadrados de amianto "en muy mal estado". Otro complejo de actuación prioritaria en Málaga capital es, según la plataforma, el que forman el IES Jardines de Puerta Oscura, el colegio concertado Gibraljaire y la escuela infantil del mismo nombre. "Son 3.262 metros cuadrados de este material cuya vida útil llegó a su fin en Miraflores de los Ángeles, una zona rodeada de viviendas", aseguran.

En San Andrés, al otro lado de la autovía hacia la costa occidental, el instituto Profesor Isidoro Sánchez y los colegios Guadaljaire y Francisco de Goya cuentan con más de 7.100 metros cuadrados de este material cancerígeno en sus cubiertas con la vida útil más que acabada según los años de antigüedad de dichos edificios. En la provincia, la plataforma señala como centros en los que habría que actuar con prioridad el colegio Vera Cruz y el centro del profesorado Rodríguez Galán de Antequera, el CEIP Nuestra Señora de los Remedios de Cártama y el CEIP Ciudad de Palma de Mallorca en Torremolinos.

"El José Calderón está en peor estado que ninguno, tiene agujeros que se perciben a simple vista y que se han reparado sin tener en cuenta nada", explica la plataforma y señala que en el Gibraljaire y el instituto Puerta Oscura tienen las cubiertas encapsuladas -pintadas con una película protectora- pero que tiene también una duración corta y determinada. En el Profesor Isidoro Sánchez están en la misma situación y se aprecian bajantes de fibrocemento deteriorados. También señalan que la retirada de la uralita del IES El Palo y el CEIP Jorge Guillén debería de ser actuaciones preferentes.

"Es clave el tratamiento que se haga ahora con las placas de fibrocemento y también realizar un análisis de los edificios por dentro para una limpieza completa, porque puede que el amianto se haya usado como aislante térmico y no se vea fácilmente", apuntan desde Málaga Amianto Cero. También subrayan que desde la Junta de Andalucía "afirman que no hay ningún riesgo, pero no lo han verificado, no han medido la concentración de fibras en el aire, son conscientes del problema pero no lo van a reconocer, tienen una responsabilidad directa de no intervención".

Aunque desde los años 30 se sabe con certeza que las partículas que desprenden los asbestos, al ser inhaladas, pueden permanecen décadas en el pulmón hasta provocar cáncer, se siguió utilizando ante un silencio cómplice que ahora no se quiere romper para no crear alarma social. Pero la reacción de las familias en los últimos años ha hecho que se tomara conciencia real de la peligrosidad del amianto. Europa obliga a la retirada completa antes del año 2030 -cuando habrá llegado a su fin toda su vida útil-. Sin embargo, no ha estado en la conciencia colectiva como un verdadero problema de salud pública. En Puerto Real, unas 250 madres decidieron no llevar a sus hijos al colegio durante semanas. De esa forma, el asunto saltó a los titulares de informativos nacionales.

En Málaga, el colegio José Calderón fue uno de los primeros en solicitar la retirada de sus tejados de amianto. Ocho años después aún no lo ha conseguido, aunque espera que se inicien los trabajos el próximo mes de diciembre. El edificio data de 1973, por lo que el material lleva colocado en las cubiertas 43 años -se reconoce vida útil entre los 30 y los 50 años o cuando está deteriorado y pierde su funcionalidad-. En 2008 el director encontró agujeros en el gimnasio y pidió al Ayuntamiento de Málaga que vinieran los técnicos a arreglarlos. Éstos certificaron que se trataba de amianto y que tenían que hacer un falso techo para que las fibras no cayeran sobre niños y docentes o cambiar las cubiertas enteras, según explican desde la Asociación de Padres y Madres del centro. "Esto se transmitió a la Junta, pero desde la administración regional dijeron que eran tareas de mantenimiento y que pertenecían a la Junta", comentan Montse Robledo y Ángeles Guzmán, presidenta y secretaria del AMPA.

Ahí empezó la lucha del consejo escolar, que se hizo extensiva a un barrio entero. En el centro estudian 450 niños desde los 3 años hasta los 12 y es el más antiguo de Campanillas. Están convencidos de que su quebradero de cabeza de los últimos años tiene los días contados. Ahora lo que quieren es que la retirada se haga de forma segura e informada al resto de los vecinos. Todo preocupación les parece poca para evitar riesgos innecesarios.

Lo próximo, una retirada segura del material

En septiembre, cuando los niños ya habían entrado en el colegio José Calderón, operarios de una empresa contratada por la junta de distrito "vinieron a hacer las reparaciones paralizadas desde 2013, se subieron a los tejados sin ninguna medida de seguridad, ni mascarillas y no informaron de lo que estaban haciendo para no asustar a los padres", cuenta Montse Robledo, presidenta del AMPA. Alarmadas, las madres afirmaron que se trataba de una manipulación y el Ayuntamiento detuvo los trabajos. Este tipo de intervenciones sin las correspondientes medidas de seguridad es lo que se quiere evitar a toda costa ahora que se inicia la retirada del material, cuando más cantidad de fibra se va a liberar. Francisco Puche, responsable de la plataforma Málaga Amianto Cero, apunta la necesidad de seguir escrupulosamente una serie de pasos. "La empresa que realice la tarea ha de ser especializada e inscrita en el RERA (empresas cualificadas oficialmente), la obra se ha de hacer usando fijadores para levantar cubiertas, tornillos u otras tareas necesarias y se ha de procurar que se escape la menor cantidad de fibras posibles al exterior", señala Puche. "Al finalizar el desamiantado, se ha de limpiar la zona con extractores apropiados para recoger todas las fibras escapadas, se ha de hacer una medición final de fibras en el aire, que hay que exigir que se haga por microscopía electrónica y en la que se miden todas las fibras, incluidas las llamadas cortas", agrega. Para el experto, solo los valores cero o muy próximos "son aceptables, el valor de 0.01 fibras/centímetro cúbico que se maneja, ni es preceptivo ni es suficiente". Además, dice Puche, "hay que exigir una vigilancia estrecha a las autoridades para que se cumplan las condiciones de seguridad" y el depósito se tiene que realizar en vertederos apropiados.