La mayor intervención contra la pornografía infantil en España se encuentra bloqueada. Los 121 detenidos y 96 imputados destapados en la operación Carrusel ha desbordado al Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, que instruye las diligencias y que está tan colapsado que no está liberando exhortos para atrapar a más implicados asentados en la provincia de Málaga y que no pudieron ser capturados días atrás.

Fuentes judiciales explicaron a este periódico que la Policía Nacional tiene identificados y localizados a una serie de individuos supuestamente implicados en el caso, pero que su captura se está retrasando considerablemente porque el juzgado madrileño que instruye las diligencias no remite los correspondientes exhortos a los de Málaga, en cuyo partido judicial residen los presuntos pedófilos.

Éstas señalaron que antes de que la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil informase de los resultados de la investigación, el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid había remitido la documentación necesaria para que la actuación policial se ajustase a la legalidad, pero que ésta "ha caducado y deben enviar nuevos exhortos".

Los agentes se mantienen a la espera mientras tanto, ya que los objetivos están fijados y únicamente necesitan la remisión de los documentos judiciales necesarios para que se emitan las órdenes de detención de los supuestos delincuentes.

Las nuevas detenciones que hay previstas se sumarían a la decena que ya se llevaron a cabo en diversos municipios de la provincia, donde también se practicaron diez arrestos y se incautó numeroso material pedófilo.

Fuentes consultadas entonces calificaron las imágenes almacenadas por los arrestados como "nauseabundas" y destacaron que éstos guardaban casi diez millones de archivos informáticos que podían contener este material, que está en fase de análisis.

La operación Carrusel, como se denominó a esta importante intervención policial, se inició en julio del año pasado con la colaboración con la Policía Federal de Brasil.

Las autoridades policiales señalaron la semana pasada que el escenario de la lucha contra la pornografía infantil y otros delitos cometidos en el ámbito de internet es siempre internacional, como quedó demostrado en esta operación, que permitió desmantelar una extensa red de distribución gracias a la colaboración de las Fuerzas de Seguridad de varios países.

Las pesquisas realizadas permitieron localizar, en una conocida red de intercambio de ficheros, más de 18.000 conexiones correspondientes a proveedores de acceso a la Red radicados en 75 países, en las que se distribuían numerosos archivos de contenido pedófilo.

La Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) centró su investigación sobre más de 1.600 conexiones pertenecientes a España. Los investigados compartían en las redes P2P al menos tres archivos clasificados como pornografía infantil cuyo nombre hacía clara referencia a su contenido, como preteen o pcth (pre-teen hard core).

De este modo se lograron identificar 250 domicilios desde los que se habían descargado y distribuido las imágenes pornográficas por lo que se solicitó al Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid los correspondientes mandamientos judiciales de entrada y registro.

En la operación practicaron 210 registros en 42 provincias y se intervinieron millones de archivos de contenido pedófilo entre los que se han localizado vídeos de extrema dureza que contenían agresiones a menores de corta edad.