AURELIO Ramos Acosta era en los años 30 un personaje de la élite profesional e intelectual malagueña. Médico con clínica en la calle Marqués de Larios, en 1933 fue elegido diputado por el Partido Republicano Radical-Socialista. En 1937 fue fusilado. Pero su vida no fue suficiente castigo. Poco después se abrió una causa para intervenirle los bienes y su consulta fue incautada. Su familia no consiguió nunca recuperarla. El catedrático de francés y republicano conservador Pedro Armasa Briales optó por el exilio tras llegar el Frente Popular al poder, en 1933. Tras el levantamiento militar decidió volver, pero a su regreso fue procesado bajo las acusaciones de radicalismo y masonería. Entre los bienes que se le incautaron figuraban su biblioteca. Parte de los fondos acabaron en manos de particulares y otra parte se conserva aún en la biblioteca provincial.

La Universidad Málaga (UMA) ha sacado a la luz más de 4.000 causas abiertas en la provincia hasta 1945 por las comisiones de incautación y el Tribunal de Responsabilidades Políticas, las figuras que creó el franquismo para "hacer llegar hasta el último lugar la represalia", explican Fernando Arcas y Manuel Morales, profesores del departamento de Historia Moderna y Contemporánea, que coordinan en Málaga una investigación que se desarrolla en todas las provincias andaluzas sobre el tribunal de responsabilidades políticas.

Hasta 1939 funcionaron las comisiones de incautación para intervenir los bienes de todo aquel que hubiera sido leal a la República. Desde que hace dos años se inició el trabajo se han descubierto en la provincia la existencia de 1.571 expedientes. En febrero de 1939 se promulgó la Ley de Responsabilidad Política, que creaba un tribunal de responsabilidad política para llevar al plano civil y económico la represión. Hasta ahora, el equipo de historiadores ha descubierto documentos que confirman la existencia 2.433 causas y ha localizado 553 expedientes.

Este tribunal, presidido por el gobernador civil, lo conformaban un magistrado de la Audiencia Provincial y un abogado del Estado, además de un juez instructor, tarea que en Málaga desempeñó un militar. El procedimiento constaba de cuatro informes, de carácter político, emitido por la Falange; moral, firmado por el párroco; patrimonial, expedido por el alcalde; y otro sobre comportamiento y antecedentes penales, que elaboraba la Guardia Civil.

No existía la figura del abogado defensor. Si acaso, el procesado podía esperar la buena acción de algún informante. Es decir, algún particular no sospechoso para el régimen que estuviera dispuesto a defender que era una persona de bien. Pero esta figura también se le podía volver en contra, dando cabida a delatores.

"Se examina toda la sociedad para hallar hasta el último vestigio de las personas que colaboraron con la República. Fue una represalia exhaustiva, que atemoriza y paraliza para imponer el miedo como estado de ánimo colectivo", indica Arcas. Fue una represión "fría, calculada y premeditada" que, además, tuvo carácter retroactivo, porque la Ley de Responsabilidades Políticas perseguía todas las actividades realizadas desde la revolución de 1934. Esta retroactividad explica por qué de los 553 procedimientos hallados, 68 fueron contra personas ya fallecidas, de ellas 31 fusiladas, y más de 40 exiliados.

La acción del tribunal abarcó todos los estratos sociales: además de centenares jornaleros, campesinos, labradores y arrieros, fueron procesados, según lo descubierto hasta ahora, 25 industriales, 19 médicos, seis catedráticos, 11 terratenientes, 72 militares, tres guardia civiles, numerosos carabineros y algunos guardias de asalto. Y quienes no tuviesen bienes incautables se veían sometidos a multas que pagaban a plazos. La ley establecía inhabilitaciones profesionales, confinamientos, destierro, pérdida de bienes y multas para los encausados.

El colapso burocrático que generó la persecución civil y económica de los republicanos obligó a modificar la Ley de Responsabilidades Políticas en 1942, con el fin de agilizar los procedimientos. A partir de ese momento se empezaron a archivar parte de las causas, hasta que en 1945 fue derogada la norma, aunque numerosos procedimientos, a consecuencia de la propia inercia administrativa, se mantuvieron vivos hasta 1966.

Los sobreseimientos implicaron la devolución de incautaciones, una tarea que siguió después, ya en la etapa democrática, con la devolución del patrimonio de sindicatos y partidos. No obstante, frente a los procesos de recuperación de patrimonio judío abiertos en Alemania e Italia, centenares de intervenciones nunca fueron revisadas ni recompensadas en España.