Son más baratas, fáciles de construir y a veces hasta más atractivas. Pero lo cierto es que las casas de madera prefabricadas tienen la misma consideración de ilegal que una vivienda de ladrillo y cemento construida sin licencia en cualquier parcela no urbanizable. Muchos lo desconocen y hoy en día es fácil encontrarlas en cualquier municipio de la provincia de Málaga, aunque las comarcas de la Axarquía y el Guadalhorce son las que más denuncias concentran.

Parte de la culpa de la proliferación de este tipo de viviendas es de las propias empresas dedicadas a su venta. La mayoría no advierten a los posibles compradores de que para instalarlas hace falta solicitar la misma licencia urbanística al ayuntamiento correspondiente que cualquier otra construcción y muchos se encuentran con la sorpresa de que son ilegales cuando les llega la denuncia de la Guardia Civil.

Algunas de ellas sí advierten de los riesgos de adquirir una casa de madera fija, aunque en el caso de las móviles todas le restan importancia. "Le pueden denunciar pero como no ha tocado el suelo normalmente no suele ocurrir nada porque hay un vacío legal en este caso". Es la respuesta del vendedor de una de las empresas de venta de viviendas prefabricadas con la que se puso en contacto este periódico cuando se le pregunta por los riesgos de que conlleva la instalación de una de estas viviendas en un terreno no urbanizable.

El dependiente insiste en que al ser una construcción móvil y no tener que colocar cimientos para instalarla no habrá ningún problema, y asegura que "de éstas no han llegado a quitar ninguna".

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Málaga están más que acostumbrados a toparse en los últimos años con este tipo de casos, cada vez más frecuentes en las zonas sometidas a una gran presión urbanística.

Las denuncias por este motivo no han parado de crecer en los municipios de la provincia. Pero la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en vigor desde 2002, es muy clara al respecto y no permite ningún tipo de construcción en suelos rústicos, ni siquiera si se trata de viviendas prefabricadas de madera.

"Este tipo de viviendas están consideradas exactamente igual que una de ladrillo y es igual de delictivo", según el fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Francisco Montijano. Sólo las que no necesitan anclaje al suelo estarían permitidas en este tipo de suelos.

Si no es así, es imprescindible que el ayuntamiento del municipio en el que se ubiquen los terrenos le conceda al propietario la licencia pertinente, además de presentar los proyectos correspondientes para el abastecimiento de luz y agua y el vertido de las aguas residuales que se van a generar.

Aunque pocas veces ocurre. Agentes del Seprona aseguran que no es nada raro encontrar que estas casas se abastecen de agua potable de la propia red municipal y que el ayuntamiento cobra a pesar de que son ilegales.

También las compañías eléctricas hacen en demasiadas ocasiones la vista gorda en estos casos, aunque la picaresca de los propietarios de estas viviendas también pasa por realizar enganches en las líneas provisionales de una obra o en la de algún vecino.

En el caso de las aguas residuales el problema es más grave. "Hay muchos que optan por verter directamente a un arroyo cercano o a una fosa séptica", cuentan los agentes de la Guardia Civil.

La venta de estas viviendas prefabricadas sin informar previamente a sus compradores de que no están permitidas en suelo no urbanizables puede constituir un fraude y el Seprona recomienda denunciar este tipo de casos.

Sólo en los camping y parcelas especialmente habilitadas tienen cabida estas casas prefabricadas, que a pesar de su aparente comodidad pueden conllevar un verdadero quebradero de cabeza para quienes las compren.

Pero las casas de madera son sólo una parte de las miles de denuncias que llegan cada año a la Fiscalía por un presunto delito urbanístico. Las zonas rurales son las que concentran ahora los mayores problemas.

El elevado coste y la falta de disponibilidad del suelo ha hecho que las construcciones ilegales se hayan trasladado en los últimos años de los municipios costeros al interior y en la actualidad las comarcas de la Axarquía y del Guadalhorce son las que más denuncias acumulan. Le siguen muy de lejos algunos puntos de la serranía de Ronda y la zona prelitoral de la Costa del Sol.

Los motivos que explican el crecimiento continuo de las construcciones ilegales en la provincia son, según el fiscal de Medio Ambiente, la dejadez de las administraciones locales para controlar la ordenación del territorio y las dificultades de conseguir condenas contundentes contra este tipo de delitos .

Las más habituales son las viviendas que no disponen de licencia municipal o las que cuentan con un permiso para otros usos como una casa de aperos que después resulta ser un chalé con piscina.

Las condenas que obligan a la demolición de estas construcciones empiezan a darse cada vez con más frecuencia, aunque el propio fiscal de Medio Ambiente reconoce que las edificaciones irregulares en masa como las de Marbella "siguen siendo intocables".