La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la defensa del ex alcalde de Gaucín (Málaga), Francisco Corbacho, por lo que ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial por delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación.

Según la sentencia del recurso, el acusado deberá cumplir una pena de 21 meses de suspensión de empleo o cargo público y nueve meses de multa por el primer delito y la inhabilitación especial durante siete años para el empleo o cargo público por el segundo, junto al pago de las costas procesales.

El fiscal del caso reclamó en noviembre al Tribunal Supremo que confirmara esta pena, ya que Corbacho, del Partido Andalucista (PA), fue condenado por apropiarse de dinero del consistorio, que luego devolvió, y por desalojar un pleno para no debatir este asunto.

La Audiencia de Málaga consideró probado que el ex alcalde, a finales de 2002, ordenó el libramiento de pagos a justificar en concepto de adquisición de terrenos para el Ayuntamiento.

Según esa sentencia, Corbacho emitió cheques contra las cuentas corrientes del Ayuntamiento, que se extendieron al portador y sin la firma del interventor, y llegó a disponer con este sistema de unos 200.000 euros entre diciembre de 2002 y enero de 2003.

El abogado defensor del ex alcalde pidió a la Sala la anulación de esta sentencia y aseguró que "no se ha acreditado que haya habido un destino privado de los fondos públicos".

Por su parte, el abogado de la acusación particular insistió en que Corbacho fue denunciado por concejales de su propio partido y de la oposición y que "sólo entonces devolvió el dinero".

"Cuando llegó la hora de devolver el dinero no lo tenía y reconoce que tiene que recurrir a terceras personas", concluyó entonces el letrado de la acusación.

Tras la sentencia, el representante de Corbacho preparó un recurso de casación por infracción de ley, basándose en que el tribunal incurrió en un error al valorar diversas pruebas documentales en relación a ambos delitos.

Por su parte, el Ministerio Fiscal impugnó los motivos y ratifico su informe durante la vista, hecho que también realizó el abogado de la acusación particular.