La Ley de Protección Animal de 2003 es bastante clara en cuanto a la responsabilidad que exige a los ayuntamientos en el caso de los caballos abandonados o maltratados, pero aún así ningún municipio de la provincia cuenta con un servicio de recogida y custodia de estos animales. Tampoco la Junta de Andalucía cuenta con un centro específico para atenderlos y ninguna administración subvenciona a las escasas asociaciones privadas que se encargan de este trabajo.

Los municipios de más de 10.000 habitantes están obligados a tener un servicio de recogida, ubicación y guarda y custodia de los equinos mientras se localiza al dueño en el caso de los que tengan microchip o se decide su futuro si no están identificados. Pero la realidad es que ninguno lo ha hecho aún a pesar de que la ley entró en vigor hace seis años. La mayoría alega falta de recursos y de medios para contar con un centro de acogida.

La Junta de Andalucía también echa balones fuera en este tema y asegura que son "los ayuntamientos los que tienen la obligación de hacerse cargo de estos animales y nosotros lo único que podemos hacer es sancionar a los que los abandonan o maltratan y retirarlos", según fuentes de la Delegación provincial de Agricultura y Pesca.

Los veterinarios de las oficinas comarcales agrarias son los que se encargan de la inspección y control de estos animales, pero una vez que denuncian el caso y la Policía Local o el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil intervienen "ya poco pueden hacer", señalaron.

Pero lo cierto es que la legislación actual exige que los ayuntamientos o en su defecto la administración autonómica se hagan cargo de ellos, incluidos los gastos de manutención, al menos durante los diez días de plazo que tiene el dueño para reclamar el animal.

Sin embargo, ni hay centros públicos específicos ni se subvenciona a los privados que sí lo tienen. Y es que los requisitos son muchos. Debe estar inscrito como núcleo zoológico y contar con un código de explotación ganadera, además de tener un número determinado de metros cuadrados, estar alejado de otras viviendas y disponer de las infraestructuras de saneamiento adecuadas, entre otros.