Casquillos de bala junto a las fosas comunes en las que durante años fueron enterrados y cubiertos de cal los cuerpos sin vida de, por el momento, 2.700 represaliados por la dictadura franquista; un dominó de caña junto al fémur de un preso que, al parecer, lo fabricó los días antes de que se consumase su ajusticiamiento; un revólver utilizado para dar el tiro de gracia a las víctimas y que fue arrojado al interior de una de las tumbas tras quedarse encasquillado... Son episodios, imágenes con las que a lo largo de los últimos tres años se han topado los investigadores y arqueólogos que excavan las entrañas del cementerio de San Rafael, la fosa común más extensa descubierta en España.

Los trabajos, fruto del acuerdo global de las administraciones públicas representadas en la provincia, la Asociación de la Memoria Histórica de Málaga y la Universidad de Málaga, se prolongará aún al menos otros seis u ocho meses, según señaló el coordinador de los trabajos y profesor de la UMA, Sebastián Fernández, quien anunció la próxima firma del nuevo convenio de todas las partes implicadas para avanzar en las investigaciones.

En el escenario actual, una vez constatada la barbarie cometida a finales de los años 30, el paso siguiente será la creación de un banco de datos en el que registrar los ADN de al menos 300 familiares de víctimas de fusilados y de los restos de fallecidos en los casos que sea posible. La iniciativa se concretará el próximo mes de septiembre, tal y como dio a conocer ayer el profesor de Medicina Legal de la Universidad Ignacio Santos Amaya.

El responsable del proyecto no esconde la complejidad de la acción. "La identificación por ADN no es la panacea. Hay que ser realistas y no crear falsas expectativas", comentó, al tiempo que informó de que tras el verano se iniciará toma de datos de los familiares que han dado su consentimiento y lo han solicitado. El impulso a esta iniciativa es aún mayor después de que algunos de los parientes de fusilados hayan fallecido.

Tras este primer eslabón, los investigadores tendrán que recopilar muestras dentales y de huesos de los cuerpos, tarea nada sencilla a tenor de las circunstancias de las fosas. "Con la técnica actual es imposible lograr un número significativo de identificaciones tanto por el número de personas fusiladas como por los restos recuperados y su estado de conservación, con lo que el ADN debe estar muy degradado", confiesa Santos Amaya. Su labor será la de integrar toda esa información en un banco de datos "a la espera de que la técnica evolucione nos permita identificar el ADN con más garantías de éxito".

El discurrir de los acontecimientos desde que se inició la apertura de las primeras fosas comunes, no deja de sorprender. Fernández recuerda cómo ha sido habitual hallar numerosas cadenas de la Virgen del Carmen en cuerpos de mujeres (el 13% de las víctimas encontradas hasta el momento eran féminas) y admite que "será prácticamente imposible" encontrar los cadáveres de las 4.500 víctimas de las que existe documentación.

A este respecto, otro de los implicados en el trabajo, Francisco Espinosa, avala esta complejidad, dado que de esas 4.500 personas, al menos 600, "previo pago de sus familiares, fueron sepultados en enterramientos normales", con lo que hay cuerpos que "no podremos encontrar". Otros pudieron ser trasladados en su momento a los camposantos de San Miguel o de San Juan de El Palo y hay otro centenar de individuos que fueron declarados desaparecidos los días 6 y 7 de febrero de 1937. "Mi madre fue encarcelada, mi hermano machacado, mi padre fusilado..." El dramático testimonio mana de los labios de Manuel, quien dice emocionado cómo, a pesar de lo que dicen los papeles oficiales, él, junto a todos sus hermanos, acude el 8 de febrero de todos los años al cementerio para llevar flores a donde su padre está enterrado.

Una prospección geofísica con un radar en tres dimensiones establecerá los límites del enterramiento de 224 fusilados republicanos, durante la Guerra Civil, en el cementerio municipal de Vélez-Málaga. El trabajo se ha efectuado por el Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada, bajo la supervisión del área de Patrimonio Histórico-Artístico del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

La alcaldesa de Vélez-Málaga, María Salomé Arroyo (PSOE); la concejal de Cultura, Sara Sánchez y la de Asuntos Sociales, Carmen García, asistieron a la presentación de los trabajos de prospección geofísica para delimitar la fosa que alberga los cadáveres de 224 personas fusiladas desde 1937. Salomé Arroyo comunicó que lo más importante ahora, pasados tantos años, es favorecer el conocimiento y, sobre todo, "dignificar el recuerdo de tantísimas personas".

La fosa común, que data de 1937, "durante muchos años fue tabú", por lo que es difícil establecer los límites exactos, ya que se emplaza junto a la tapia del pabellón 2 que abrió a principios de los años 20. Ya en los 40 se construyeron nichos, supuestamente encima de esta fosa. Ahora se intenta establecer si hay enterramientos que sobresalgan de esos límites a fin de, si algún día se tocasen esos nichos, tener el suficiente cuidado con esos restos.

El técnico del georradar, José Antonio Peña, dijo que la profundidad óptima para su estudio, además de la profundidad que se cree puede ser la acertada, ronda los 3 metros. Ahora se trata de procesar en el laboratorio el trabajo de campo realizado. Estas tareas se extenderán durante, aproximadamente, ocho o diez días y el trabajo in situ se ha realizado durante una jornada. Técnicamente, la prospección se está realizando con un georradar que trabaja con rayos electromagnéticos que permiten obtener imágenes del subsuelo, según los estratos. En superficie y en una sola línea se lanza un "disparo" cada dos centímetros. Se hacen distintas líneas de disparo y previo estudio de laboratorio y eliminados determinados elementos, se podrán hacer una idea de la cantidad y el emplazamiento de posibles enterrados.