El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz cumplirá en septiembre los tres años de prisión que en conjunto pagará por las 83 causas por delitos urbanísticos en los que ha podido incurrir desde 1995. A pesar de que aún deberá de sentarse en el banquillo en más de 70 ocasiones para responder sobre otras tantas licencias que se sospechan ilegales, ninguno de estos procedimientos podrá llevarle de nuevo a la cárcel, gracias a un acuerdo alcanzado el año pasado entre la Fiscalía y los concejales de Marbella imputados en delitos contra el territorio.

Al tiempo, el Ayuntamiento de Marbella, gobernado por la popular Ángeles Muñoz, proyecta legalizar todas las viviendas ilegales del municipio. Inicialmente se incluyeron en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) unas 20.000 a las que ahora se suman las únicas 500 que el equipo redactor del documento había dejado fuera del ordenamiento.

Este escaparate no ha pasado desapercibido. Los primeros en reaccionar han sido los alcaldes de la Axarquía, donde se calcula que existen entre 10.000 y 20.000 viviendas levantadas ilegalmente en suelo rústico. Primero pidieron "ser juzgados" por lo contencioso administrativo para evitar la cárcel y esta semana la Mancomunidad que representa a los 31 municipios de esta comarca gobernados por PSOE, PP, IU y PA, alcanzaron un acuerdo institucional para pedir reformas o al menos el desarrollo reglamentario de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que "ha convertido a muchos ciudadanos en hipotéticos delincuentes", subraya el socialista José Domínguez Palma que preside esta entidad.

Domínguez Palma afirma que únicamente se quiere abrir un debate público "no para salvar el pellejo de los alcaldes, sino para buscar soluciones a un problema que es general en Andalucía y que afecta a miles de ciudadanos en la Axarquía, que no son especuladores, sino pequeños agricultores y jubilados extranjeros".

El presidente de la Mancomunidad insiste en que no se trata de plantar cara a la Junta de Andalucía, a pesar de que exigen cambios en el plan de ordenación territorial de la Axarquía que, a juicio de los alcaldes, estrangula el crecimiento y la prosperidad de estos municipios.

El PSOE provincial también ha salido a la palestra al proponer un pacto social para "definir el urbanismo que queremos y buscar soluciones a la problemática generada con unas viviendas que fueron desarrolladas fuera de la legalidad, aunque en muchas ocasiones estaban dentro de la legalidad municipal", indica Francisco Conejo, secretario de organización.

La Consejería de Ordenación del Territorio colabora en la actualidad con los ayuntamientos de la zona para determinar el mapa de las edificaciones ilegales "y ver qué se puede regularizar en cada caso dentro de la LOUA", señala la delegada provincial Josefa López, quien aclara que "sería una locura hacerlo todo urbanizable" por lo que duda de que se puedan normalizar las casas más aisladas.

La delegada defiende la flexibilidad y bondades de la LOUA, las oportunidades y ayudas que ha habido para que los municipios se adapten, pese a que la mayoría aún no lo ha hecho, y el crecimiento potencial que alberga el plan territorial contra el que los alcaldes de la Axarquía se han levantado desde el primer momento por considerarlo restrictivo.

Una veintena de cargos municipales de Málaga tienen abiertas causas judiciales por delitos contra la ordenación del territorio. El fenómeno arrancó en Marbella para extenderse con celeridad por la provincia y alcanzar las dimensiones de pandemia desde Huelva a Almería y las costas españolas. Ahora, de nuevo, Marbella está en el centro de las miradas porque "la lentitud de la Justicia y la administración para frenar lo que ocurría, las penas por los delitos y la regularización de las viviendas ilegales transmiten la idea de que es una ley de punto final", reconoce Diego Martín Reyes, el jurista que presidió la gestora de Marbella al disolverse el Ayuntamiento tras la operación Malaya.

Martín Reyes cree que en Marbella se ha perdido la oportunidad de lograr una reacción ejemplarizante que transmitiera a la opinión pública "que se toma en serio el urbanismo ilegal porque, si no, se da la sensación de que no pasa nada". El letrado llama la atención sobre las diferencias entre "el comportamiento malicioso, deliberado y reiterado" que se dio en este municipio de la Costa del Sol durante el gilismo y sus secuelas y lo ocurrido en la Axarquía, donde unos alcaldes de pueblos pequeños, con escasas estructuras de apoyo técnico y un conocimiento "desvaído" de la ilegalidad de su comportamiento concedían licencias "siguiendo la costumbre, porque se hizo muy poca pedagogía de los delitos contra el territorio" que se incorporaron al Código Penal en 1995.

Y para allanar este camino la ciudadanía ha aplaudido en las puertas de los juzgados a sus autoridades locales y después les ha agradecido con generosidad su gestión en las urnas su gestión.