La maquinaria del consorcio anunciado por el Gobierno central y la Junta de Andalucía para dar el impulso definitivo al corredor ferroviario de la Costa del Sol, que permitirá unir por tren Málaga capital con Estepona, empieza a dar sus primeros pasos. A la intención de los responsables de ambas administraciones de dar forma al ente en lo que resta de año, se suma el acuerdo para que el peso mayoritario en el mismo corresponda a la Administración estatal. En este sentido, según pudo saber este periódico de fuentes del Ministerio de Fomento, el acuerdo es que el Gobierno asuma el 60% del citado consorcio, a través de la participación de Adif (Agente de Infraestructuras Ferroviarias) y Renfe, que muestra su deseo de hacerse cargo de la explotación del nuevo trazado, mientras a la Junta le corresponderá el 40% restante.

Será este consorcio, una vez en marcha, el que asuma el diseño definitivo de este ambicioso proyecto, cuyo presupuesto ronda, según los últimos datos disponibles, los 5.000 millones de euros. Y en este sentido, deberá determinar, entre otras cuestiones, las características técnicas de la iniciativa, así como la necesidad o no de ejecutar un trazado nuevo entre Málaga y Fuengirola, que coincidiría con el paso de la línea del tren de Cercanías.

No obstante, a falta de que se adopte una decisión formal, las fuentes fueron claras al apuntar a que el corredor de la Costa del Sol pasará por una vía alternativa a la del actual Cercanías. Ésta, una vez duplicada en su totalidad, quedará para trayectos de parada en todas las estaciones, mientras que el nuevo trazado se destinará a trenes "expreso", que sólo se detendrán en las principales estaciones. Las fuentes indicaron que será algo parecido al doble trazado del Metro de Nueva York, con enlaces express, que se detendrán en las estaciones principales, y recorridos locales, que dan servicio a los puntos con intensidad de población.

A la espera de que se resuelvan estos interrogantes, las fuentes consultadas por este periódico sí apuntaron que la filosofía del tren litoral no apunta tanto a dotar a esta franja de la costa malagueña de una línea de alta velocidad como a dar forma a lo que podría denominarse "un gran metro", con capacidad para alcanzar los 200 kilómetros por hora. Ello no excluye la opción de que en el mismo recorrido haya circulaciones de altas prestaciones con el objetivo, fundamental, de enlazar Marbella con la capital de la Costa del Sol, según recogían los estudios informativos de la Consejería de Obras Públicas.

La apuesta por este formato de circulación tendría como base los estudios de demanda de viajeros con los que hasta ahora cuentan las administraciones vinculadas al proyecto y que elevan la potencial cifra de usuarios anuales a unos cien millones. La cifra equivale a 50 veces los pasajeros que el pasado año usó la línea AVE a Madrid y multiplica por cinco los que se desplazan en tren y autobuses en esta zona de la provincia. De esos cien millones, la inmensa mayoría se corresponde con "movimientos internos", es decir, con viajeros que viven en la Costa del Sol y necesitan trasladarse para ir al trabajo, mientras apenas "cinco millones serán turistas extranjeros".

La constitución de este consorcio público supone un paso adelante en el diseño del tren litoral, puesto que hasta la fecha Gobierno y Junta se habían dividido las obras a desarrollar en la zona afectada por la actuación. En este sentido, si el Ministerio de Fomento impulsaba el desdoblamiento de la línea del Cercanías Málaga-Fuengirola (decisión que puede ser insuficiente para garantizar tiempos competitivos en la nueva infraestructura), la Administración regional se comprometió a construir la parte nueva del trazado, entre Fuengirola y Estepona, con 52,6 kilómetros de longitud, de los que el 90% irá soterrado.

Si bien los grandes protagonistas del ente sobre el que se trabaja desde hace meses son públicos, la opción de dar cabida en la intervención a agentes privados está abierta. Las fuentes de Fomento dijeron que una vez constituida la sociedad, en una segunda fase, los accionistas estudian la posibilidad de incorporar a bancos y cajas, pero únicamente a efectos de participar en su financiación.

A este respecto, aludieron a la lección que se puede extraer de lo ocurrido en el Metro de Málaga, donde la Junta optó por incluir a empresas constructoras en la ejecución y posterior explotación comercial de la infraestructura, lo que ha generado problemas tras la introducción de variaciones en los proyectos originales. En cuanto a la posible entrada de empresas constructoras, las fuentes precisaron que cabría la opción de contar con ellas en la etapa de explotación del nuevo medio de transporte.

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