La condena de un año de prisión y nueve de inhabilitación para el ex alcalde de Sayalonga José Luis Navas (PSOE) por un delito de prevaricación urbanística ha encendido los ánimos del resto de alcaldes axárquicos. A otros se los ha dejado por los suelos, con ganas de tirar la toalla. Creen que un "error en la concesión de una licencia" no debe pagarse con tan alto precio. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial contra el mencionado regidor por un delito contra la ordenación del territorio los ha puesto en pie de guerra. No responsabilizan al poder judicial. Señalan a las administraciones superiores.

"La culpa no es de la Justicia es de los legisladores que son políticos y no conocen nuestros términos municipales. Los que están arriba en los despachos no tienen ni idea de cómo funciona un Ayuntamiento", denuncia uno de los regidores del interior decepcionado con sus compañeros de partido a los que responsabiliza de la tensión que viven desde que a más de media docena de alcaldes se les haya abierto expedientes contra la ordenación del territorio. "Si sabían lo que estaba pasando hace quince años, ¿por qué no nos sentaron para buscar soluciones? Hicieron la vista gorda y ahora pagamos con cárcel", lamentó otro alcalde.

En la Axarquía, y también en la Serranía de Ronda, Antequera o en la comarca del Guadalhorce, como así demostraron algunos alcaldes, cuando acudieron a la Mancomunidad de Municipios de la Costa Oriental, están molestos. El jueves, tras conocer la sentencia que condenaba a Navas, amenazaron con encerrarse en la sede si no se establecía una hoja de ruta "seria" con políticos autonómicos dispuestos a flexibilizar la ley de suelo para permitir la construcción en el rústico de forma ordenada y sostenible. Finalmente fue amagada por el secretario de Organización, Francisco Conejo, y el presidente de la Diputación Provincial, Salvador Pendón.

"Van a por nosotros. No se entiende que al ex alcalde y al edil de Urbanismo de Arenas por 27 viviendas le pidan 3.600 euros, y a José Luis por una, le pidan cárcel", ejemplificó uno de los regidores. "La sentencia está sellada un día después de la finalización del juicio. Todo estaba decidido. Ha sido un cabeza de turco", defiende otro compañero.

"No merece la pena seguir adelante para que te señalen como un delincuente cuando estamos trabajando de 7:00 a 0:00 con fines de semana incluido", reflexionan todos al tiempo que recuerda los incumplimientos que se producen en la Costa, por ejemplo, con los chiringuitos, "y no se denuncian, o se les busca solución". "Las leyes están para poner orden y para que la gente viva mejor no para perjudicar a sus alcaldes y vecinos y que todos estemos con miedo", insisten sobre la responsabilidad de otras administraciones.

"Todos queremos que nuestro pueblo tenga más prestaciones y mejores servicios pero no tenemos recursos. Queremos que todo el mundo trabaje y esto el campo ya no lo permite. Por eso lo único que defendemos es que el reglamento se flexibilice para las construcciones en el campo siempre y cuando se proteja el medio ambiente y se haga bajo parámetros de desarrollo sostenible", argumentan al menos, media decena de mandatarios locales de la comarca de la Axarquía.