La Fiscalía de Málaga ha solicitado un año de prisión y ocho de inhabilitación para el alcalde de Casarabonela, el socialista Sebastián Gómez, por un presunto delito contra la ordenación del territorio por conceder una licencia de obra que se supone ilegal. En esta causa también está acusado el promotor de la vivienda. Según el escrito de acusación formulado por la sección ordenación del territorio y medio ambiente de la Fiscalía, el promotor solicitó al Ayuntamiento en febrero de 2006 permiso municipal para reformar y ampliar una vivienda unifamiliar. En mayo de 2007 la técnica municipal emitió un informe desfavorable.

El fiscal relata en su escrito que a pesar de ese informe contrario, el alcalde dictó un decreto otorgando el permiso "sin informe jurídico y sin condición alguna, a sabiendas de la ilegalidad de dicha concesión". En el decreto de notificación sí se precisó que había que presentar el proyecto de ejecución para iniciar las obras.

El servicio de protección de la naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil remitió en agosto de 2008 un oficio al Ayuntamiento en el que informaba de que se estaban realizando obras en esta casa. Entonces, el alcalde "dictó decreto de suspensión" de los trabajos. A pesar de la orden de paralización el particular acometió las obras "sin aportar ningún documento más al expediente".

Estas actuaciones consistían en la ampliación de una vivienda unifamiliar de dos plantas y 220 metros cuadrados de superficie. El chalé se ubica en un suelo clasificado como no urbanizable rural, según la normativa urbanística vigente en dicho municipio en el momento de los hechos.

Según el Ministerio Público, el Seprona comprobó que realmente se ejecutaban las obras en mayo de 2008 y en abril de 2009 la técnico municipal realizó una visita y corroboró que "estaban prácticamente finalizadas". Además, señala que estas obras no son susceptibles de legalización.

Así, el fiscal acusa al regidor de un delito contra la ordenación del territorio, pidiendo un año de cárcel y ocho de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público. Además, al propietario de la vivienda y promotor de las obras, que también acusa de un delito contra la ordenación del territorio, exige nueve meses de cárcel, multa de 6.700 euros y dos años y medio de inhabilitación.

La Fiscalía también exige que se inste al promotor a proceder a la demolición de lo "ilícitamente construido". Finalmente, en el escrito fiscal se solicita que el Ayuntamiento de Casarabonela determine la persona que ejercía como secretario municipal en la fecha de los hechos.

2006