El Ayuntamiento de Málaga se ha solidarizado con la difícil situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas (pymes) y pondrá en marcha una serie de iniciativas que pretenden dar facilidades tanto de pago como en la gestión del circulante a estas firmas. La concejala de Economía y Hacienda del Consistorio, Carolina España, anunció ayer que este organismo no exigirá a las pymes la presentación de un aval previo para que puedan optar a una licitación pública. El artículo 91 de la Ley de Contratos del Sector Público deja en manos de la institución la necesidad de reclamar o no ese aval. España señaló que el Ayuntamiento, como tal, no lo pide aunque sí se hace en empresas municipales como la EMT, Promálaga o el Instituto Municipal de la Vivienda. "Vamos a unificar los criterios y no reclamaremos esas garantías provisionales en ningún organismo municipal", afirmó la concejal.

Exigir o no ese aval previo es, en estos momentos de crisis y escasa liquidez financiera, más importante de lo que parece. Javier González de Lara, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), explicó ayer que en el supuesto "prudente" de que se pidiera un aval medio del 3% sobre el importe de licitación del concurso, que se presentaran cinco empresas y que en Málaga la licitación total fuera de 1.000 millones de euros, "el montante de ese aval sería de 150 millones de euros, un dinero que se quedaría fosilizado y parado en una cuenta bancaria a la espera de que alguien se adjudique el concurso". Dicho de otra forma, la pyme debe guardar un dinero que le puede hacer falta para cubrir otras necesidades sin saber ni siquiera si va a ganar o no esa licitación. Si no se gana el concurso, el dinero se le devuelve a la empresa, pero en un plazo medio de seis meses.

González de Lara señaló que el Ayuntamiento de Málaga y el de Coín ya han aprobado eliminar esa garantía previa -sí se exige cuando la empresa se ha adjudicado el concurso- "y podrían hacerlo en breve los ayuntamientos de Marbella o Antequera y la Diputación lo está estudiando". De hecho, el 90% de los ayuntamientos exigen esas garantías iniciales.

Por otra parte, España anunció que el Ayuntamiento dividirá este año el pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), la tasa de basura por actividad económica y la tasa de entrada de vehículos en dos plazos siempre que los recibos estén domiciliados, en lugar del único pago que se realiza hasta ahora. Esta medida se suma a la adoptada en 2009 a través de la cual se amplió de dos a tres plazos el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y de uno a dos el impuesto de vehículos. "Son momentos para hacer gestos. Estas medidas no van a resolver la crisis pero sí dan un horizonte de esperanza", subrayó González de Lara.