La corrupción se ha socializado en la Axarquía, así al menos lo afirma el grupo GENA-Ecologistas en Acción en su informe sobre el impacto del urbanismo disperso en suelo rústico en esta comarca. El estudio precisa que no existe una percepción social de la corrupción. Es más, todo indica que la idea de fondo es que "cuanto más se construya o cuanto más se urbanice mejor para la sociedad". Esto explica, por ejemplo, que los escándalos urbanísticos no hayan sido denunciado y hayan permanecido ocultos hasta la intervención de la Justicia. La actividad urbanística tiene un alto grado de intervención pública puesto que son los ayuntamientos y la Junta de Andalucía quienes determinan sus condiciones y límites. Sin embargo, en la Axarquía muchos propietarios de terrenos han descartado la agricultura por su escasa competitividad para centrarse en el mejor de los cultivos: el ladrillo. Esto ha generado una tensión sobre los poderes locales y ha alimentado los intereses políticos.

En esa tesitura muchos alcaldes, según los autores del informe, han reaccionado no persiguiendo las infracciones o implicándose en la búsqueda de asesores que pudieran idear fórmulas para bordear la legalidad. "A la Junta de Andalucía le correspondía detener ese proceso", sin embargo, "se ha escudado en el principio de competencia urbanística de los ayuntamientos y en la confianza en la lealtad institucional" para no poner pie en pared.

Rafael Yus y Miguel Ángel Torres precisan que la presión ejercida ha favorecido la creación de alianzas y frentes comunes entre alcaldes muchas veces de diferente signo político "refrendadas por la Diputación", organismo que, por otra parte, cofinancia la edición del informe. Además, los autores matizan que "a la Junta de Andalucía no le interesa ofrecer una imagen justiciera" ante el electorado rural, que concentra la mayor parte de votantes socialistas. Otro aspecto que ayer subrayaba Miguel Ángel Torres en la presentación del libro es la ausencia generalizada de planes de ordenación urbana. En su opinión "los alcaldes no quieren planeamientos para no acabar con el negocio de los emprendedores de su municipio".

En este sentido, ninguno de los 31 municipios de la Axarquía cuenta con planes adaptados a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Funcionan con normas subsidiarias, PGOU previos a la ley e, incluso con normas de desarrollo urbano. Este escenario ha sido perfecto para acometer cambios ad hoc del planeamiento. El libro de Ecologistas en Acción recoge cómo en sólo 12 de estos 31 municipios se han realizado en los últimos años 800 modificaciones.

Además se ha detectado un uso generalizado de las licencias de aperos para levantar chalés individuales. "Las casetas de aperos vinculadas a la actividad agrícola, ganadera o forestal ha sido el recurso principal de los ayuntamientos para otorgar licencias de construcción de viviendas residenciales en el suelo no urbanizable".