El pasado jueves una sentencia por desahucio obligaba al inquilino de un local de la calle Granada a desalojarlo y entregar la llave. Al no presentarse a la hora convenida, la Policía dio la orden de abrir el local a la fuerza y su dueño, Antonio Montesinos, se encontraba con numerosos destrozos en el local. Cristales rotos, la instalación eléctrica y el techo arrancados, los sanitarios del baño desaparecidos e incontables daños en las paredes y en el suelo del establecimiento ponían el punto final a los impagos del inquilino desde junio del año pasado. "Yo sólo quería recuperarlo, pero los daños son considerables", explicaba el dueño.

Para Miguel Duro, el inquilino del establecimiento, la versión de los hechos es muy diferente. A su juicio, el estado en el que se encuentra ahora el local es "fruto de una mudanza" y que las condiciones en las que él encontró el local "eran incluso peores". "Yo invertí en ese local 120.000 euros en arreglos", apuntaba, a la vez que dejaba claro que el baño se lo había llevado porque fue él quien lo instaló.

Los orígenes de este conflicto se remontan casi al principio del contrato cuando el inquilino, por medio de un traspaso, se quedó con el local e intentó que se le concediera una rebaja en el precio del alquiler, "que pasó a ser de 1.200 euros que pagaba el anterior inquilino a 3.500 euros", asegura Miguel. Para ello, contrató a un perito tasador que cifró que el establecimiento, según la zona en la que se encuentra, tendría que costar unos 1.700 euros, pero según Miguel Duro el dueño se negó a rebajar el alquiler, "aún presentándole este estudio, por lo que en verano dejamos de pagar el alquiler". Por su parte, el dueño del local indicaba que la deuda total asciende a más de 35.000 euros. Anteriormente, también dejaron de pagar por una disputa por los meses de obras, en los que supuestamente llegaron a un acuerdo verbal en que no pagarían alquiler, pero al no constar por escrito se pusieron al día de los pagos.

Además, Duro denuncia que en el contrato figuraba una cláusula en la que se impedía la actividad hostelera en el local, por lo que demandó al dueño por "abuso de derechos y por el alto alquiler", una demanda que no se ha seguido cursando por el desahucio.

Pero la confrontación no acaba aquí. Detrás de este local el inquilino mantiene una cafetería abierta sobre la que también pesa una orden de desahucio, que se hará efectiva en abril. En este caso Duro afirma que intentó conseguir también una rebaja en el alquiler, para la que presentaron el mismo estudio, y que la familia a la que pertenece el local se negó. La razón que el inquilino da para dejar de pagar son unas obras para aislar de la humedad el local y que no le correspondía realizar a él sino al dueño. Ahora, Tomás Sánchez de los Ríos teme que las condiciones en las que deje el local que pertenece a su familia sean las mismas que el de la calle Granada.