La última gran operación llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para perseguir el urbanismo ilegal en la provincia de Málaga fue la del Ayuntamiento de Almogía el pasado mes de octubre. Más de una veintena de personas están imputadas en el caso bautizado como Almexia por las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en este pequeño pueblo de apenas 4.000 habitantes en los últimos años.

Uno de los implicados es el mismo alcalde del municipio, el socialista Cristóbal Torreblanca, al que se le acusa de haber ejecutado los expedientes sancionadores abiertos contra, al menos, una quincena de edificaciones levantadas sobre suelo no urbanizable mediante la picaresca de la licencia para una nave agrícola.

Unos meses antes, en abril del año pasado, el alcalde de Colmenar, el también socialista Pedro Fernández Palomo, fue investigado y denunciado ante un juez por un presunto delito de prevaricación. En su caso, la imputación se debe a la concesión de un certificado de primera ocupación para una nave agrícola cuando en realidad se trataba de una vivienda.

El ex arquitecto municipal, otro arquitecto y dos promotores también se vieron implicados.

Antes le había tocado el turno al Ayuntamiento de Casabermeja. El primer teniente de alcalde, el ex secretario municipal, dos funcionarios del Consistorio, dos promotores y un arquitecto fueron acusados por el Seprona por un delito urbanístico debido a un caso muy similar al de Colmenar.

El último, antes de que se destapara la operación Almexia en Almogía, fue el regidor popular de Canillas de Albaida, Antonio Díaz, que se enfrenta a un presunto delito de prevaricación.

No serán los únicos porque la Guardia Civil está revisando la gestión urbanística llevada a cabo por todos los municipios de la provincia por orden alfabético para destapar presuntas irregularidades.