A los europeos que coticen en España se les atenderá como a un español más, por los comunitarios empadronados se recibirá una compensación fija de sus países y en el caso de los turistas asistidos por una urgencia se emitirá una factura al Estado de la Unión Europea (UE) al que haya cotizado. Pero aquellos europeos que vivan y coticen en otro país de la UE y elijan operarse en España deberán pagar la asistencia de su bolsillo. Luego, podrán reclamar el reembolso a la Seguridad Social a la que hayan contribuido. La situación será recíproca para los españoles que sean atendidos en otro país europeo.

Así lo establece la directiva aprobada el martes por el Consejo de Sanidad de la UE, un texto propuesto por España y que aún está pendiente del visto bueno del Europarlamento. El proyecto incorpora dos avances: pretende atajar el creciente turismo sanitario -que en el caso de Málaga genera un déficit millonario- y sienta las bases para la libre elección de hospital a nivel europeo. Según informó el Ministerio de Sanidad, el objetivo de la directiva es "crear un marco comunitario claro para la prestación de una atención sanitaria transfronteriza en el seno de la UE, eliminar barreras a la circulación de los pacientes y garantizar la calidad de la prestación, la seguridad y la sostenibilidad de los servicios".

El turismo sanitario ya existe y Málaga es un destino preferente. Los europeos vienen en unos casos porque aquí hay menos lista de espera, en otros porque les sale gratis algo que en sus países tienen que pagar en parte o incluso porque el SAS les da prestaciones de las que están excluidos en sus Estados. España ha batallado por sacar adelante la directiva precisamente por ese fenómeno que se extiende también por otras comunidades autónomas. Incluso las autoridades sanitarias españolas han logrado abortar un texto de directiva que pretendía que el país de residencia se hiciera cargo de la atención sanitaria, lo que hubiera supuesto un coste añadido para España de 2.000 millones anuales.

El texto finalmente respaldado por los ministros de Sanidad prevé el derecho a la movilidad de los pacientes que decidan solicitar asistencia en un Estado miembro de la Unión que no sea el de afiliación. En estos casos, los pacientes pagarán la atención y serán los países de afiliación los que le reembolsen los gastos si tienen derecho a ello y cumplen los requisitos.

El jefe del Servicio de Planificación de la Delegación de Salud, Alejandro Gornés, precisó: "La libre elección de hospital se abre a nivel europeo, pero los usuarios tendrán que pagar la asistencia y solicitar luego el reintegro a su país de afiliación". Pero el derecho tiene sus límites: el Estado de afiliación reembolsará al gasto hecho por el paciente siempre que la prestación figure en su cartera de servicios; el reembolso no superará el coste que habría asumido el Estado de afiliación si lo hubiera asistido en su territorio y se deja abierta la posibilidad de que los países exijan una autorización previa para que sus pacientes reciban asistencia sanitaria en otro Estado miembro.