Los salarios de la directora del Palacio de Ferias, Yolanda de Aguilar, y del gerente de Promálaga, José Estrada, siguen dando que hablar. Pero la polémica en la que han estado inmersos los elevados emolumentos de ambos directivos del Ayuntamiento ha pasado de la esfera de la política a la judicial. Tras los recortes de sueldos aplicados por De la Torre este año, los dos pasaron a cobrar 131.800 euros al año, 14.000 menos que hace un año -cuando De la Torre les aplicó otra rebaja-. Antes de estos descuentos, el gerente de Promálaga llegó a cobrrar 175.000 euros por los 169.000 de la directora del Palacio de Ferias. Ahora, el Tribunal de Cuentas está investigando la existencia de irregularidades en el pago de productividades a ambos empleados, en los años 2006 y 2007, por 97.000 euros, al entender que se realizaron "sin que conste la fijación de los objetivos y su aprobación, a retribuir con esa productividad ni el órgano que cuantificó y autorizó el pago de la productividad".

Así queda recogido en un escrito fechado el 2 de marzo pasado y firmado por el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo E. González Soler. En el mencionado documento, adelantado ayer por la cadena Ser y al que tuvo acceso este periódico, se especifica que lo percibido por De Aguilar en esas dos anualidades en pluses ascendió a 75.298 euros (37.142, en 2006, y 38.156, en 2007). Mientras, Estrada recibió por el mismo concepto 21.628 euros (10.670, en el año 2006, y 10.958, en 2007).

A juicio del Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas, que actúa tras haber examinado el informe de fiscalización de Promálaga, "las irregularidades descritas pueden dar lugar a que, en su caso, se pueda plantear la correspondiente demanda para obtener el resarcimiento de los daños causados". En este escenario, el órgano remitió el asunto a la Sección de Enjuiciamiento para el reparto del asunto al consejero de cuentas "al que corresponda su conocimiento".

Una demanda que, de acuerdo con un escrito del pasado 9 de abril, fue tenida en cuenta. El informe detalla que el Ayuntamiento, tras ser informado de las acciones del Ministerio Fiscal, solicitó "el archivo de las actuaciones" por considerar que las irregularidades denunciadas "no son tales y constituyen actuaciones ajustadas a Derecho". Y a pesar de ello, la determinación final de la Sección de Enjuiciamiento ha sido la de que se "proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento del delegado instructor con objeto de que se practiquen las actuaciones previas".

Ante la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas, el alcalde, Francisco de la Torre, se limitó ayer a defender que los pluses objeto de polémica se ajustan a derecho, lo que se refleja, según dijo, en la documentación enviada el pasado mes de abril al citado órgano. "Lo normal es que en el tiempo transcurrido hubieran pedido alguna información complementaria y si no lo han hecho, debemos entender que la enviada era suficiente para contestar las preguntas que nos planteaban", consideró el regidor del PP. En este sentido, le quitó importancia.