500.000

El promotor del centro hispano ruso, Vladimir Beniachvili, no ceja en su empeño de entorpecer y evitar la demolición de lo que durante los últimos 12 años ha ido levantando de forma irregular en su finca de Pinares de San Antón. El último planteamiento del empresario ha sido la de contratar a un arquitecto que ha hecho llegar a la Gerencia de Urbanismo un informe técnico en relación con un hipotético derribo de lo construido al margen de la normativa y en el que se concluye que dichos trabajos podrían suponer un riesgo para la estabilidad de su vivienda y de otras edificaciones contiguas.

"Lo que viene a decir es que si se demuele todo lo que se ha hecho en estos años podrían producirse desprendimientos y problemas para la casa", expusieron a este periódico fuentes de Urbanismo, que mostraron su sorpresa ante el contenido del documento, que tuvo entrada en el departamento el pasado mes de septiembre.

Según las fuentes, lo expuesto por el promotor es que "hay cosas que se pueden demoler y otras que no". "Hay edificios de más de cien años que se derriban en el centro y para evitar cualquier problema se adoptan las medidas necesarias; en construcción no hay nada imposible", añadieron las fuentes, cortando cualquier vía libre a la posición del empresario. A la espera de formular una respuesta oficial ante lo dicho por el promotor, lo que tienen claro en el ente municipal es que este informe no va a suponer paralización alguna en los expedientes sancionadores iniciados desde principios de año y que se elevan ya a una decena sólo en lo relativo a las sucesivas ampliaciones de la vivienda (seis de ellas por no demoler y otras cuatro por no restituir la legalidad alterada). Todo ello suma, por el momento, una cantidad nada despreciable, unos 500.000 euros, cuantía que Beniachivili tendrá que abonar, bien de forma voluntaria o por vía ejecutiva con independencia de que asuma las exigencias municipales y derribe las obras.

Si éste fuese el camino que tomase el responsable de una de las mayores obras irregulares en la historia de Málaga, Urbanismo dejaría de avanzar en las multas coercitivas, que pueden alcanzar hasta una docena según marca la ley. La vía que por el momento no ofrece novedades es la judicial. Los técnicos siguen a la espera de conocer respuesta por parte del juzgado ante su petición para poder entrar en el domicilio del promotor y ejecutar de forma subsidiaria las tareas de demolición. La última de las actuaciones por parte de los técnicos del departamento de Inspección tuvo lugar el pasado mes de septiembre, tras comprobar que el promotor había levantado, sin permiso para ello, un muro de contención de 45 metros de largo por tres metros de alto. Las máquinas que dieron forma a esta obra pudieron acceder por un camino localizado en la parte alta de la finca que, tras esta comprobación fue precintado por la Policía Local. Desde 1998, momento en que fueron detectados los primeros movimientos irregulares en la zona, el empresario ha levantado dos edificaciones, una de ellas con cafetería, seis apartamentos, entre otros usos, y una segunda con cinco apartamentos dúplex, un gimnasio, saunas, cuatro viviendas más y zona común con una piscina.