SI hay un tipo de delitos con los que la Fiscalía debería ser especialmente dura, y por dura sólo quiero decir que persiga el cumplimiento de lo previsto por el Código Penal, es el de los de pornografía infantil. En estos casos, sobre todo en los de distribución de pornografía infantil a través de internet, porque por lo general representa tanto al Estado como a la acusación particular. Las víctimas pueden ser niños de cualquier lugar del mundo, perdidos dentro del universo inabarcable de la red, así que no tienen nadie que los defienda. Y los consumidores de esos vídeos son la parte fundamental de la cadena que los explota y abusa de ellos, un negocio despreciable que se acerca como pocas cosas a la idea del mal absoluto. El diablo 2.0.

El goteo de calificaciones y sentencias es diario en las redacciones de los medios de comunicación. A menudo publicamos lo que pide la Fiscalía para los acusados y, meses después, en lo que queda la condena. Casi nunca entramos en valoraciones ni opiniones, e intentamos evitar la tentación de convertirnos en actores del sistema judicial, por mucho que ésta nos asalte ante ciertas desproporciones que serán ajustadas a Derecho, pero no entran en cabeza profana a los misterios del mundo de las togas. En los últimos meses se está repitiendo una pauta que no por anunciada por el propio fiscal deja de ser preocupante: el pacto con los acusados de este tipo de delitos de distribución de pornografía infantil. Los detenidos aceptan su culpabilidad y una pena no superior a los dos años de cárcel, aunque no llegan a pisar la prisión si se comprometen a no delinquir durante cinco años (¿lo juran por Snoopy?) y a asistir a un curso de reeducación sexual.

Desconocemos qué milagro pedagógico se está siguiendo con estos enfermos, porque de momento el experimento no se ha publicado en Science. ¿Se les aplican descargas eléctricas?, ¿se sigue el conductismo pavloviano o se les obliga a escribir mil veces en la pizarra que no tendrán pensamientos impuros con niños y a rezar después tres padrenuestros? Tampoco sabemos qué herramientas se emplean para evaluar a los acusados, pero sí que en mayo el fiscal delegado de Delitos Informáticos de Málaga ya avisó de que buscaría estos polémicos acuerdos educativos.

El responsable de la acusación pública fue honesto al admitir que en algunos casos no sería posible porque "se ve desde el primer momento que con un curso no se va a resolver nada". Pero también aseguró que "los acusados que tenemos no son peligrosos, sino personas repugnantes que suelen ser consumidores habituales de películas pornográficas para adultos y que se han bajado pornografía infantil en el ordenador". En esos casos la pena que les podía caer era un máximo de seis años de cárcel, algo que al representante del Ministerio Público le parecía "una barbaridad". "Es lo mismo que a alguien que atraque un banco a mano armada", explicó. En cambio, si cayera bajo su responsabilidad algún detenido como presunto autor de los vídeos, "en ese caso no le daríamos ni agua y estaría en prisión sine die hasta que cumpliera toda la condena". Curiosa la libertad de interpretación que da el Código Penal y la subjetividad con la que al parecer puede actuar la Fiscalía.

Tras esta declaración de principios empezaron a llegar los acuerdos. Y a juicio de este humilde columnista algunos no se ajustan a los requisitos previos para tener tamaña confianza en la rehabilitación de los delincuentes.

La primera alarma saltó en octubre, con el caso del pediatra que fue detenido por tenencia y distribución de pornografía infantil a través de internet. La Fiscalía de Málaga y el acusado acordaron dos años de condena, que sería suspendida si asistía al programa de reeducación sexual, como si existiera tal cosa y no hubiéramos visto todos los resultados de La naranja mecánica. El pacto no incluía ningún tipo de inhabilitación profesional, así que el médico condenado por pornografía infantil podía seguir pasando consulta a niños en su centro de salud. Afortunadamente, el SAS reaccionó pronto ante la presión de sus escandalizados colegas y lo apartó de la atención directa. Seguimos, por cierto, esperando que el Colegio de Médicos aporte una opinión deontológica. Se supone que existe para eso.

Desde entonces ha habido al menos otros dos pactos ciertamente cuestionables. No se trata de ciudadanos corrientes que se han descargado un archivo por error. A principios de mes un vecino de Estepona también se libró de la cárcel tras aceptar su culpabilidad. La Guardia Civil le encontró más de 8.000 archivos de pornografía infantil, algunos con bebés, y lo que es casi peor, indicios de child grooming. Intentaba establecer contacto con menores y visualizar a través de su webcam escenas pedófilas, un delito cuyo castigo se ha endurecido en la última reforma del Código Penal. Resultado: dos años de prisión pero no pisará la cárcel por carecer de antecedentes. El pasado martes conocimos otro acuerdo, esta vez con un británico con cinco condenas anteriores de corrupción de menores y con dos órdenes de busca y captura por abuso sexual dictadas por la Audiencia Nacional. Ningún angelito. Aceptó una pena de quince meses.

Quizás cuando pase la Navidad, o mejor ahora mismo, la Fiscalía debería considerar seriamente el dejar de hacer regalos a este tipo de delincuentes.