Tener sobre sí una causa judicial pendiente no cierra las puertas a ser candidato del PP y el PSOE en las elecciones municipales de mayo. Así lo atestigua el hecho de que los dos grandes partidos vayan a incorporar en sus listas a al menos trece cargos públicos actualmente implicados en procesos judiciales, de los que una decena representan a las siglas socialistas y otros tres, a las populares.

Ante esta circunstancia, que políticos como José Antonio Castro, coordinador provincial de IU, calificó de "cachondeo", las direcciones provinciales de ambas formaciones se repiten en el discurso que manejan desde hace años: el PP insiste en no actuar contra sus políticos mientras no sean condenados y el PSOE habla de diferenciar entre "aquellos que meten la mano" y aquellos afectados por acciones propias de su gestión.

El pasado fin de semana, el secretario general de los populares, Francisco Salado, instó a los socialistas a que aclarasen cuáles de sus cargos imputados concurrirán a las municipales, una bolsa en la que incluyó 18 nombres, entre los que aludió a los regidores de Estepona, David Valadez; Fuente de Piedra, Francisco Hidalgo; Guaro, Sebastián Rueda; Cártama, José Garrido; Almogía, Cristóbal Torreblanca; Alpandeire, Gabriel Jiménez (detenido por presuntamente comprar maquinaria robada). A excepción de este último, aún por decidir, el resto optarán a la reelección.

Pero el listado de cabezas de cartel del PSOE sobre los que pesa esta carga es aún mayor. A los mencionados, según admitieron desde el propio partido, hay que agregar a Antonio Marín Lara, regidor de Ronda, imputado en la operación de Los Merinos y en la presunta divulgación de un parte policial; Antonio Benítez, alcalde de Alfarnatejo, que declaró como imputado por un delito de malversación de caudales públicos; el regidor de Colmenar, Pedro Fernández, por un presunto delito de prevaricación; Francisco Muñoz, cabeza de cartel socialista en Torrox (del que fue alcalde) y afectado por la concesión presuntamente irregular de varias licencias urbanísticas, y Cristóbal Bonilla, candidato en Alhaurín el Grande (donde es portavoz municipal socialista) por un presunto delito contra la ordenación del territorio.

"Mientras el PSOE ha cambiado de criterio en varias ocasiones, nosotros, equivocada o acertadamente, no lo hemos hecho y siempre henos defendido el principio de inocencia de nuestros candidatos", expuso Salado, quien añadió: "Siempre que no sean delitos flagrantes y claros como los del PSOE en Estepona y Alcaucín", en alusión a los ex regidores Antonio Barrientos y Juan Martín Alba, detenidos por estar implicados en presuntas tramas de corrupción. Este último ha creado una nueva formación para concurrir a los comicios de mayo.

El mensaje que maneja el PSOE varía. "La idea es que ningún imputado por corrupción vaya en una candidatura", explica el secretario de Organización socialista, Francisco Conejo, quien admite que imputados como Valadez y Rueda puedan integrar las listas por tratarse de causas ajenas a la corrupción. El ejemplo que sirve a los socialistas para marcar diferencias con el PP es el de Martín Serón. "Nunca iría en una lista del PSOE en este momento, porque está imputado en una trama de supuesta corrupción urbanística", dijo Conejo, quien incluyó en esta misma situación a los ediles de Urbanismo de Alhaurín el Grande, Gregorio Guerra (también imputado en Troya) y Torremolinos, María Isabel Llamas, imputada en Arcos.

"A Martín Serón lo habríamos expulsado o se tendría que haber dado de baja como militante", añadió el número dos del PSOE, que criticó que éste sea un código de conducta que "no aplica el PP". "Quieren meter en el mismo saco a todos los imputados", añadió. Conejo, incluso, se mostró dispuestos a firmar un pacto para que "no vaya nadie en las listas acusado por corrupción". "Nos parece grave que el PP mire hacia otro lado en este tipo de casos; nos preocupa que tenga una actitud de connivencia permanente y conviva con actitudes de corrupción", sentenció.

Mientras su mensaje es claro respecto a estos imputados, se flexibiliza en otros supuestos. Así, cree que los regidores populares de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y el de Benamocarra, Abdeslam Lucena, sí pueden integrar las candidaturas, al estar afectados por imputaciones no relacionadas con la corrupción. 

Villanova lo está por los presuntos delitos de prevaricación y malversación por la concesión irregular de la caseta municipal, al tiempo que tiene abiertas diligencias penales a instancias de la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación a raíz de unas oposiciones para funcionarios y personal laboral supuestamente fraudulentas.

En el caso de Lucena, ex integrante del PA, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vélez-Málaga ha dictado un auto en el que decreta la apertura de juicio oral después de que la Fiscalía solicitase una pena de nueve meses de prisión e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por un presunto delito de desobediencia a la autoridad. También se le imputan presuntos delitos de malversación de caudales públicos.