Los alcaldes de la provincia confían en que otras 10.000 viviendas ilegales enclavadas en la Costa del Sol y el valle del Guadalhorce puedan acogerse al decreto prometido por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para legalizar 11.000 de las 12.760 casas levantadas en suelo rústico en la comarca de la Axarquía. El parque de viviendas ilegales de la provincia se acerca a las 45.000 edificaciones. Es decir, si en cada una de estas casas vivieran tres personas se obtendría una población superior a la de Cádiz capital. Sin embargo, las medidas adoptadas primero por el Ayuntamiento de Marbella para incluir en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, por tanto, legalizar 16.500 de sus 18.000 viviendas fuera de planeamiento y el anuncio de la Junta de aprobar con carácter inminente un decreto amnistiador que sólo dejará en la ilegalidad aquellas edificaciones construidas en suelo expresamente protegido deja claro que el camino de la legalización masiva está abierto.

El Ayuntamiento de Mijas ya ha remitido a la Consejería que dirige Josefina Cruz los datos de 3.000 de sus 3.700 viviendas, al tiempo que en el Pleno extraordinario celebrado el miércoles se dio a conocer que el equipo de gobierno que preside Antonio Sánchez (PSOE) trata de revisar el suelo no urbanizable del municipio para regularizar todas las casas, salvo las que estén en dominio público o áreas de especial protección. En Estepona se localizan 3.000 chalés fuera de planeamiento construidos con licencias para aperos de labranza que también se quieren introducir en el PGOU. Y, por si acaso el PP le toma el relevo al socialista David Valadez en las próximas municipales, ya ha hecho saber que está dispuesto a negociar la regularización.

El Ayuntamiento de Coín que gobierna Gabriel Clavijo (PSOE) también realiza un censo de viviendas irregulares para ver cuántas de ellas son susceptibles de normalizar y en Cártama, donde se contabilizan otras 3.000 viviendas en suelo no urbanizable, el alcalde, José Garrido (PSOE), ya ha indicado que el 80% podrán incluirse en el PGOU. Las únicas salvedades serán las que estén en zonas inundables y las de protección especial.

En la Serranía de Ronda se comienzan a oír las primeras voces que piden que se aplique en algunos puntos del término municipal de Ronda el mismo decreto que ha posibilitado la regularización de casas en la Axarquía. En concreto, el primer teniente de alcalde, Francisco Cañestro, solicitó esta misma vara de medir para las viviendas ubicadas en el paraje conocido como Los Navares y Tejares, donde hace años que se construyeron varias docenas de casas, la mayoría de ellas ubicadas en las proximidades del cauce del río Guadalevín. De hecho, para acceder a las mismas existen sendos caminos asfaltados y hasta existe un cruce sobre la circunvalación de Ronda con señalización incluida.

El decreto de legalización se ha anunciado para la Axarquía, aunque en realidad, como dice el abogado José Carlos Aguilera "no puede ser un traje a medida" para nadie, porque las normas, por naturaleza, son de aplicación general a todo el territorio. Todas estas viviendas son ilegales porque contravienen lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que entró en vigor en enero de 2003, precisamente cuando la consejera Josefina Cruz era directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Esta ley acotó en términos generales la construcción en zonas rústicas a las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales mientras que el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, de 2006, reforzaba el carácter proteccionista. Sin embargo, gran parte del urbanismo ilegal ha emergido precisamente en la última década, o sea, cuando existían más normas dirigidas a preservar y ordenar el territorio.

Miguel Ángel Torres, de Ecologistas en Acción de la Axarquía, alude a "una dejación grave de responsabilidades" en los ayuntamiento que, "expresamente" han desistido de "ejercer la disciplina urbanística y perseguir las ilegalidades", con el amparo "de la propia Junta y la Diputación, más aún cuando muchos de estos alcaldes son también diputados provinciales". En la misma línea interpreta que estos ayuntamientos y estos alcaldes han sido tan reticentes a la elaboración de planes de ordenación urbana "porque lo que quieren es que no haya ordenación".

Desde Ecologistas en Acción se subraya que el panorama ocasionado por ese abandono de responsabilidades "se quiere vender como un problema social de pequeños agricultores que han construido una casita porque no tenían dinero para comprar una vivienda. Esto no es así. Aquí lo que funciona es una trama de intereses, un lobby de ladrilleros que no sólo presionan para que se legalice lo ilegal, sino para que todo siga igual. Si no, ¿tiene sentido acaso que en un pueblo del tamaño de Cómpeta haya decenas de inmobiliarias y que todavía hoy se siga construyendo en las mismas condiciones?".

El letrado José Carlos Aguilera, que ha defendido a varios alcaldes imputados en delitos contra la ordenación del territorio, apunta, sin embargo, que "cuando una persona ha comprado o construido una vivienda, ha obtenido una licencia, ha acudido a un notario que autoriza la correspondiente escritura y la inscribe en el Registro de la Propiedad no puede verse sorprendido por un proceso penal o un expediente administrativo". En su opinión, cuando esto ocurre sólo hay un "diagnóstico": "el ordenamiento jurídico estás mal configurado y tiene fallos que comprometen la seguridad jurídica".

El abogado Diego Martín Reyes que conoció de primera mano el desmadre del urbanismo durante su etapa como presidente de la gestora de Marbella agrega otro ingrediente: la responsabilidad de las administraciones que por acción u omisión permitieron el desbarajuste y que, por tanto, ante una eventual demolición de lo ilegal se verían obligadas a indemnizar a los compradores de buena fe. "El mensaje que transmite una legalización masiva es que aquí no pasa nada", coinciden en señalar el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, el abogado Diego Martín Reyes y el ecologista Miguel Ángel Torres.

"El Derecho Penal tiene el doble objetivo de castigar las conductas delictivas y de prevenir que se repitan. En el caso del urbanismo la sanción más eficaz es la demolición. Si se elimina, te cargas esa misión. Además, son delitos que tienen consecuencias muy perniciosas. Sus efectos son para siempre, por lo que hay que restablecer ese atropello al medio ambiente, al paisaje, a la propia ordenación territorial y a los recursos naturales. Debe primar el interés general sobre el individual", concluye Antonio Morales. El fiscal jefe, además, recurre a criterios económicos para defender la preservación del medio ambiente "porque si una zona tiene valor turístico gracias a sus cualidades naturales habrá que cuidarla, ¿no?".

Ecologistas en Acción entiende que el decreto creará un "precedente insoslayable: cualquier persona podrá hacerse una vivienda con o sin licencia porque al final será legalizada. No habrá razón jurídica para que la norma sea diferente para unos y para otros". El anuncio de la consejera ha sido ampliamente interpretado en clave electoral para contrarrestar los vaticinios adversos que las encuestas dan al PSOE. No obstante, los responsables de Ecologistas en Acción reconocen que "no tenemos compañeros de camino" en alusión a la unánime actitud la parrilla política en este asunto, y Diego Martín Reyes observa que se ha producido "un cambio de visión política en la comunidad autónoma en los últimos siete u ocho años", desde que la propia Josefina Cruz impulsó la LOUA hasta ahora, cuando plantea una vía para acomodar las actuaciones que la infringieron. Sin embargo, desde su punto de vista el interés electoral que pueda haber no responde tanto al potencial de votos que pueda cosechar el PSOE "como al riesgo de que haya una rebelión de los candidatos a las alcaldías de esos municipios, pueblos de apenas 2.000 ó 3.000 habitantes en los que la construcción ilegal es un problema gravísimo".

El que la LOUA esté en vías de modificación a través de un decreto es otro elemento de inquietud. La consejera, en su comparecencia de la semana pasada, no fue más allá, pero lo cierto es que un decreto no tiene capacidad para modificar una norma de rango superior como es una Ley, según coinciden en apreciar tanto el abogado José Carlos Aguilera como el ecologista Miguel Ángel Torres. La única fórmula jurídica sería un decreto legislativo, pero Josefina Cruz no precisó ese extremo.

José Carlos Aguilera cree que un anuncio en estas condiciones "crea unas expectativas que pueden verse defraudadas". Defiende sencillamente cambiar la LOUA "porque el problema es la ley". Desde su punto de vista, lo oportuno es abrir la mano y no limitar las construcciones a su vinculación con actividades agrícolas, ganaderas o forestales. Además, advierte que muchas edificaciones irregulares en el campo "pueden y deben regularizarse a través de los PGOU, porque los ayuntamientos son los responsables del problema y los que, en virtud del principio de autonomía municipal, tienen la obligación y potestad de resolverlo". Para Martín Reyes lo correcto hubiera sido cerrar el capítulo de la edificación ilegal en rústico en 2003 a través de la propia LOUA. "Se pudo y se debieron contemplar esas construcciones fuera del ordenamiento, pero no se hizo. Ahora buscar otras vías, como un decreto, para cambiar la ley no es una buena solución".

Mientras se resuelve la fórmula que bendecirá las construcciones ilegales en suelo rústico, 11 alcaldes y ex alcaldes han sido condenados por autorizar viviendas en suelos no urbanizables, decenas de promotores han sido penados, numerosas causas judiciales se apilan en lo juzgados y el Código Penal, que entró en vigor hace apenas unas semanas, ha agravado las condenas para quienes permiten por acción u omisión los atropellos contra el territorio y la ordenación urbanística.

¿Un decreto de legalización les afectaría? Este es otro de los puntos oscuros que está por resolver. El Código Penal, ante los delitos urbanísticos, es un libro en blanco. Establece penas por construir en suelo no urbanizable pero es la norma administrativa la que determina qué es y qué no es urbanizable. Parte de los expertos consultados coinciden en que las causas penales se verán afectadas hasta el punto de que la amnistía administrativa también implicaría una amnistía penal porque no se puede condenar a nadie si el atropello urbanístico cometido es legalizable.

Sin embargo, Diego Martín Reyes tiene dudas. A falta de conocer el contenido de la norma legalizadora aclara que "un decreto no cambiaría la calificación del suelo. Una cosa es que una construcción se legalice o tolere desde el punto de vista urbanístico y que no le afecte una orden de demolición, pero la esencia del delito se va a mantener, por tanto, no tendría consecuencias penales".