Ni por lo penal, ni por lo administrativo. Las edificaciones ilegales rara vez han sido demolidas. En una provincia con un parque residencial fuera de ordenación estimado en más de 45.000 viviendas, apenas si se contabilizan un par de decenas de derribos aislados. Los ayuntamientos se han aferrado a la posibilidad de legalizar las casas en suelo no urbanizable para detener las órdenes de demolición que sus alcaldes han dictado, circunstancia que se suma al fenomenal colapso que sufren los juzgados de lo penal para hacer ejecutar sus sentencias. El resultado es que las casas ilegales siguen en pie, amparadas por una amnistía de facto. El símbolo de esa estampa es Banana Beach, la edificación ilegal que costó la primera condena por delito urbanístico a un cargo público. Era 2005, se trataba de Marbella y el cargo público condenado fue Julián Muñoz. Seis años después el edificio de 238 apartamentos sigue en pie, aún cuando no ha sido incluido en el nuevo PGOU y, en principio, no es legalizable. En esta situación están otras 1.600 construcciones.

Pero el asunto no es exclusivo de Marbella. El fenómeno se registra en todos los municipios prácticamente sin excepción y los alcaldes, también sin excepción, se resisten a adoptar medidas tan impopulares y costosas para la contabilidad electoral.

El Ayuntamiento de Cártama tiene contabilizadas unas 3.000 viviendas ilegales y, aunque previsiblemente legalizará el 80% a través del PGOU, su concejal de Urbanismo, Jorge Gallardo (PSOE), admite que tiene sobre la mesa 270 órdenes de demolición sobre viviendas edificadas en zonas protegidas o inundables. En este municipio, durante la última década, se han llevado a cabo dos derribos de edificaciones por estar fuera de planeamiento y el juzgado de lo Penal número 6 de Málaga acaba de remitirle un escrito al Ayuntamiento para que proceda a la demolición de otra casa más levantada en la confluencia del río Fahala con el Guadalhorce. "El Ayuntamiento ha recibido distintos oficios reiterando que se proceda a la demolición de esa construcción en el plazo de un mes y en el último exige que se cumpla la sentencia con el apercibimiento de que si no se cumple, el alcalde podrá incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad", admite Gallardo. El Ayuntamiento prepara ahora los trámites para ejecutar el derribo. La duda es qué sucederá con otros 25 inmuebles levantados en la misma zona, cuyos propietarios pactaron en 2008 un acuerdo con el fiscal por el cual se comprometían a demoler sus casas y a cambio el Ministerio Público les rebajaba la condena que les requería de dos años a seis meses de cárcel. Las 25 casas siguen en pie, aunque el juzgado ha solicitado información al Ayuntamiento sobre la ejecución de la sentencia que, si no realizan los promotores, debe acometer el municipio con carácter subsidiario.

En 22 de los 31 municipios de la Axarquía se acaban de inventariar 12.760 casas ilegales. Durante los últimos años sólo se han acometido unas cuantas demoliciones: el derribo parcial de una construcción en Macharaviaya que afectaba al dominio público de una carretera provincial, varias parciales en Colmenar y dos totales promovidas por denuncias vecinales que ejecutó su Ayuntamiento. Catorce alcaldes de la comarca consultados por Málaga Hoy han reconocido que nunca ha llegado a sus ayuntamientos una orden judicial dirigida a ejecutar una orden de derribo, a pesar de que varios regidores han sido condenados por delitos contra la ordenación del territorio. La Consejería de Obras Públicas y Urbanismo ha anunciado un decreto que permitirá la legalización de 11.000 de estas 12.760 viviendas levantadas en suelo no urbanizable. En principio sólo quedarán fuera de ordenación las que se han edificado en zonas de especial protección.

El ex alcalde de Valle de Abdalajís Tomás Gómez (PP) fue condenado en 2009 a tres años de prisión por 12 delitos urbanísticos, pena por la que después fue indultado. El actual regidor, Alfonso García (PSOE), reconoce que en el pueblo, de 2.800 habitantes, hay unas 50 viviendas ilegales que se podrán regularizar a través del nuevo PGOU. "Pero quedarán otras cien o ciento y pico ilegales. Son casas que llevan 10 años en pie, que les dieron licencia, que tienen luz y servicios y están ocupadas. "¿Qué hacemos ahora, las echamos al suelo?". Mijas también ha realizado un censo que señala 3.750 viviendas fuera de ordenamiento. En 2008 el Ayuntamiento, ejerciendo sus funciones en disciplina urbanística, había notificado a 300 órdenes de demolición a propietarios, que finalmente, se paralizaron tras un acuerdo de pleno para buscar "soluciones".

El alcalde, Antonio Sánchez (PSOE), confía que la gran mayoría puedan legalizar, ya sea a través del PGOU o del decreto que prepara la Junta. La duda está ahora sobre las que se encuentran sobre terrenos de especial protección "que ineludiblemente deberán demolerse". Por el momento, el Ayuntamiento no tiene ninguna orden judicial de derribo para casas erigidas en zonas protegidas, aunque "sí hay algunas" que instan a echar abajo edificaciones en suelo no urbanizable", que están a la espera de ver qué sucede durante este inminente proceso de regularización. Al Ayuntamiento de Antequera tampoco ha llegado nunca una orden de demolición y sólo hay dos acordadas por el propio municipio recurridas en vía contenciosa por los afectados, mientras que en Ronda se ha acometido un único derribo en vía administrativa.

[Información elaborada por: Encarna Maldonado, Manuela Herreros, Maite Cortés y Javier Flores]