El coordinador provincial de Izquierda Unida, José Antonio Castro, ha asegurado que Antonia Muñoz, alcaldesa de Manilva, dimitirá de su cargo si es imputada por algún delito de corrupción. El dirigente de la coalición de izquierdas se ha pronunciado en estos términos después de conocerse que el secretario municipal había remitido un informe al juzgado que investiga presuntas contrataciones irregulares y en el que constata la ausencia de selección de personal desde 2007. En ese documento, el secretario aseguraba que empresas de la regidora y familiares habían cobrado 600.000 euros del Ayuntamiento, que nadie había entrado por oposición al Ayuntamiento y que 16 de los 17 candidatos de IU trabajan en él.

Ante estos hechos, Castro ha precisado que la regidora va a presentar un escrito a la organización “sin fecha” en la que presenta “su dimisión como concejala” y que no será efectivo hasta que la jueza que investiga este asunto le impute un delito “de los que tenemos incluidos en el código ético, como prevaricación o tráfico de influencias”. Con ello, ha señalado, se busca “zanjar” las acusaciones que pesan sobre la gestión de Muñoz y que, a juicio del coordinador provincial, en algunos de los casos, “son faltas de rigor”.

Al tiempo, ha señalado que la formación ha abierto un expediente informativo, al objeto de recabar todos los datos sobre lo ocurrido. “No es que no estemos preocupados y pendientes de ello; seremos inflexibles a la hora de aplicar el código ético”, ha advertido en relación a la posible acción de la jueza.

Según el informe elaborado por el secretario municipal, al que tuvo acceso este diario, a excepción de las contrataciones temporales realizadas para impartir cursos de mantenimiento de edificios y jardines, nadie ha entrado en el Ayuntamiento por oposición, ya que la oferta de empleo público de 2007 "permanece inmotivadamente pendiente".

En dicha oferta se contemplaba la convocatoria pública de pruebas selectivas para la provisión de 70 plazas de funcionario y 131 de personal laboral, sin embargo, según el secretario, no se han realizado las pruebas ni tampoco se han suspendido por orden municipal o supramunicipal "salvo en lo que se refiere al caso particular de cinco plazas de entre las 201 convocadas que han sido impugnadas jurisdiccionalmente por la administración autonómica y por el Colegio Oficial de Delineantes".

También apoya el informe del secretario la denuncia realizada por el presidente del comité de empresa, Francisco Román, en lo referente a la contratación de 16 de los 17 integrantes de la candidatura de IU a las últimas elecciones municipales. Román, además, mantenía en su escrito que también se había contratado a familiares de concejales en diferentes áreas del Ayuntamiento.

En el informe elaborado por el secretario municipal a petición de la juez que instruye el caso, Isabel Conejo, el funcionario también asegura que se han realizado pagos a una empresa en que la alcaldesa, Antonia Muñoz, es administradora única, así como a otra propiedad de su marido y a otra de un primo hermano suyo por un importe que supera los 600.000 euros sin que "esté acreditada la realización de publicidad ni de libre concurrencia ni la existencia de criterios de selección" a la hora de contratar con las citadas mercantiles. Por su parte, Muñoz sigue sin pronunciarse al respecto desde que se inició el proceso judicial en el que está imputada. La regidora estaba citada el pasado mes de febrero pero se acogió a su derecho a no declarar y anunció que aportaría toda la documentación a la instructora del caso.