El primer ministro francés, Manuel Valls, abrió ayer la puerta a ligeras enmiendas en su ambicioso plan de recortes con el objetivo de contrarrestar la oposición que las medidas despiertan en su propio Partido Socialista y conformar una mayoría parlamentaria suficiente que permita su aprobación.

Ante las crecientes críticas que desde el seno del Partido Socialista (PS) habían surgido contra su plan, el primer ministro jugó la carta del diálogo. Pero lo hizo con el ala más moderada de la formación, a la que recibió durante hora y media para escuchar sus propuestas, tendentes a suavizar los recortes en la parte que afecta a las clases más modestas.

De momento, Valls parece sordo a las peticiones del sector más izquierdista del PS, que considera el plan un paso más en la austeridad que amenaza con frenar la incipiente recuperación económica.

El Consejo de Ministros publicará hoy la copia definitiva del plan, anunciado el pasado día 16 y que contiene 50.000 millones de euros en recortes entre 2015 y 2017 con congelación de pensiones, de salarios de funcionarios y de algunos servicios públicos. Con ello, el Gobierno pretende financiar, sin subir los impuestos, la rebaja de las tasas patronales de 30.000 millones de euros destinada a mejorar la competitividad de las empresas francesas y cumplir con el objetivo de reducir el déficit comercial hasta el 3% del PIB.

La Asamblea Nacional votará la iniciativa el día 29 en un pleno en el que, pese a la mayoría absoluta socialista, Valls no tiene garantizada la victoria.

El plan Valls ha recibido duras críticas de la oposición conservadora, los neocomunistas, los ecologistas, sindicatos y la patronal. Pero también de su partido, sorprendido a contrapié dos semanas después del descalabro electoral en las municipales y a mes y medio de una nueva cita con las urnas en las europeas del 25 de mayo.

Las críticas internas amenazan con romper el partido y dejar el plan Valls sin el necesario respaldo parlamentario. Por ello, el primer ministro recibió a una delegación de diputados socialistas, encabezados por el presidente del grupo parlamentario, Bruno le Roux, y se da por hecho que el plan Valls contendrá algunas medidas suavizadas con respecto a lo anunciado la semana pasada.

Según Le Roux, Valls pareció conforme a suavizar la congelación de las pensiones más bajas. Además, los diputados pidieron que el proyecto contenga una cláusula que restablezca la subida de los sueldos de los funcionarios "una vez que se recupere el crecimiento económico", con el fin de "dar a los trabajadores públicos un horizonte salarial claro", y garantizar la promesa gubernamental de no subir los impuestos.

Se trata de concesiones modestas, pero que dejan a las claras que el Gobierno necesita cohesionar a su partido y que Valls decidió apoyarse en los sectores más moderados para hacerlo.

Porque el ala izquierdista mantiene su oposición y aseguraba ayer que no se conforma con "un gesto cosmético". Estos diputados, minoritarios, consideran que el plan Valls es pura austeridad que frenará el consumo interno y, por tanto, la todavía muy incipiente recuperación económica. En su lugar, proponen medidas más livianas de ahorro, de 35.000 millones en lugar de 50.000, y un calendario más flexible de reducción del déficit público.