La ONU reveló ayer que una misión de 35 observadores de derechos humanos que tiene desplegados en Ucrania ha comprobado que hay una "ruptura total del orden y de la ley" en los territorios controlados por los separatistas, que están cometiendo actos equiparables a crímenes contra la humanidad.

Las víctimas son los pobladores de áreas de Donestk y Lugansk, en el este del país, ocupadas por los grupos rebeldes, que tienen a parte de la población retenida allí por la fuerza, dijo un alto funcionario del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Gianni Magazzeni.

El responsable presentó ayer a la prensa el informe mensual elaborado por esa misión y en el que se enumeran crímenes como "torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, trabajo forzado y violencia sexual, así como la destrucción y ocupación ilegal de la propiedad" perpetrados por los rebeldes. La "naturaleza sistemática o generalizada" de tales abusos, que "han sido vistos y siguen siendo vistos por nuestros colegas en el terreno", indican que pueden constituir crímenes contra la humanidad, declaró Magazzeni.

La decisión formal de si lo son o no corresponde a una corte penal, aclaró, pero citó ante los periodistas "algunos pocos ejemplos" -de los numerosos que contiene el informe de 49 páginas de la misión- para ilustrar la gravedad de la situación, particularmente en Donestk. Allí, los observadores pudieron entrevistar, entre muchas otras víctimas, a una persona que fue forzada a cavar su propia tumba en medio del bosque, aunque al final no fue asesinada; o a un hombre que estuvo detenido 48 días por supuesto espionaje en un centro de detención clandestino, donde los prisioneros eran golpeados y vivían en condiciones totalmente humillantes.

"Cuando hablamos de ruptura completa de la ley y el orden significa que no hay protección ni garantías de ningún tipo, ninguna compensación posible para las víctimas", declaró el represente del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El conflicto armado en el este de Ucrania provocó, desde abril, la muerte de 4.317 personas y dejado a otras 9.921 heridas.

El acuerdo para el cese de las hostilidades, suscrito entre los líderes separatistas y el Gobierno el 5 de septiembre, redujo el número de víctimas, pero no evitó que sigan produciéndose muertos y heridos entre la población.

Por otro lado, el presidente ruso, Vladimir Putin, alertó ayer sobre el riesgo de una revolución en Rusia, en víspera del aniversario del estallido de las protestas populares en Ucrania. "Para nosotros es una lección y una advertencia y haremos todo lo posible para que eso nunca ocurra en Rusia", dijo durante la reunión del Consejo ruso de Seguridad.

Aunque no aludió expresamente a Ucrania, Putin destacó "las trágicas consecuencias de la ola de las llamadas revoluciones de color", término utilizado por el Kremlin para definir movimientos de protesta como la Revolución de las Rosas en Georgia, la Naranja y el Euromaidan en Ucrania, o las "primaveras" en países árabes como Egipto y Túnez.

"En el mundo actual, el extremismo se utiliza como instrumento de geopolítica y reparto de esferas de influencia", dijo Putin, que acusó a EEUU de instigar las multitudinarias protestas antigubernamentales contra el fraude electoral de finales de 2011 en Rusia. "Qué conmociones han vivido y viven los pueblos de los países que fueron sometidos a esos irresponsables experimentos de soterrada y, en ocasiones, burda y flagrante injerencia en sus vidas", destacó.

Con respecto al movimiento de protesta que nació en Kiev el 21 de noviembre de 2013 después de que el Gobierno renunciara a asociarse con la UE, Putin lo considera un "golpe de Estado" que contó con la connivencia de la Bruselas y Washington.