La Policía Federal de Brasil realizó ayer una operación para desarticular una banda sospechosa de haber causado daños millonarios a las arcas públicas en un departamento dependiente del fisco.

El desfalco comprobado por las investigaciones asciende a 5.700 millones de reales (unos 1.630 millones de euros), pero la Policía sospecha que los daños al erario público pueden elevarse hasta 19.000 millones de reales (casi 5.500 millones de euros), según un comunicado oficial.

La banda es sospechosa de manipular a favor de intereses privados los procesos del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), el departamento de la Receita Federal (fisco) encargado de multar a defraudadores de impuestos.

La Justicia emitió 41 mandatos de búsqueda y aprehensión contra los sospechosos de colaborar en las corruptelas en los estados de Sao Paulo, Ceará (noreste) y en Brasilia en una operación en la que participaron 180 agentes de la Policía Federal y otros 55 fiscales de la Receita Federal.

Los integrantes de la banda supuestamente trataban de corromper los funcionarios del CARF para conseguir que anularan o rebajasen las multas a los defraudadores.

Las investigaciones, iniciadas en 2013, descubrieron que los funcionarios filtraban informaciones privilegiadas a oficinas de asesoría, consultoría o abogacía en Brasilia, Sao Paulo y otras ciudades para que éstas captaran a empresas interesadas en recibir "facilidades" en los juicios del CARF. Entre otros servicios, se ofrecía la manipulación de los procesos, la concesión de pedidos de aplazamiento y la obtención de fallos favorables en los autos de infracciones tributarias.

Este nuevo caso ha sido destapado en plena crisis política en Brasil por el gran caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras que, del mismo modo, ocasionó el desfalco de miles de millones de dólares de las arcas públicas.