La oposición venezolana completó ayer la última jornada para la validación de las firmas requeridas para iniciar la solicitud de un revocatorio del mandato de la Presidencia de Nicolás Maduro, doblando la cuota exigida por el Poder Electoral para pasar a la segunda y penúltima fase del referendo.

"A pesar de todo, lograron validar su firma 409.313 patriotas venezolanos", informó en rueda de prensa Henrique Capriles, el principal promotor del referéndum.

Con esta cifra, que aún no han sido confirmada por el Poder Electoral, la oposición aguarda a que la próxima semana las autoridades establezcan los plazos para la segunda etapa del proceso, que es la activación de revocatorio, y que consistirá esta vez en la recogida de unas 4 millones de firmas, que equivalen al 20% del censo electoral.

El balance fue ofrecido por el ex candidato presidencial junto a los dirigentes de la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) al concluir la última de las cinco jornadas permitidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para validar las firmas con las que los opositores respaldan el primero de los tres pasos para lograr convocar la consulta para revocar el mandato presidencial.

"Fueron derrotados y van a seguir siendo derrotados, y cada vez que tengamos que apelar a la voluntad de nuestro pueblo van a ser revocados porque aquí el gran perdedor de la jornada de hoy es Nicolás Maduro Moros", dijo Capriles.

Mientras tanto, los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) evalúan si aplican la Carta Democrática a Venezuela y de qué manera lo hacen después de que Caracas fracasara en su intento de evitar este debate.

La sesión extraordinaria del jueves en la sede de la OEA en Washington no fue concluyente pero sí significativa: Venezuela perdió por primera vez en años una votación clave en la única organización que reúne a todos los países americanos, salvo a Cuba.

La Carta es un instrumento muy sensible porque, incluso sin llegar a la suspensión del país de la OEA, su sola invocación supone someter el estado de la democracia en una nación al escrutinio del resto.

Además, ésta es la primera vez que un secretario general de la OEA recurre a este instrumento jurídico contra la voluntad del Gobierno del Estado y afirma, argumentándolo en un crítico informe de 132 páginas, que en ese país existe una "alteración del orden constitucional que afecta gravemente al orden democrático". Por eso, Venezuela denuncia este paso de Luis Almagro como un "golpe de Estado a la organización y al Gobierno legítimo de Nicolás Maduro" y promete batalla: pide su renuncia, promoverá una sesión para evaluar su gestión y se reserva acciones legales.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, viajó esta semana dos veces a Washington para participar en las dos sesiones de la OEA sobre su país, pero fracasó en su intento por impedir a toda costa que Almagro sometiera su informe a la evaluación de los otros 33 países miembros.