Los suizos aprobaron ayer en referéndum incrementar la capacidad de los servicios de inteligencia del país para espiar a los ciudadanos, con el fin de reforzar la lucha contra el terrorismo y aumentar la seguridad.

La iniciativa contó con el respaldo del 66,5% de los votos y de todos los cantones (estados federales) suizos, lo que muestra un amplio apoyo de la ciudadanía a una propuesta que había sido aprobada ya por el Parlamento.

No obstante, un grupo de ciudadanos que se oponían a la nueva ley consiguió recolectar suficientes firmas para poder convocar este referéndum para que la población diese su opinión.

De forma rotunda, los helvéticos respaldaron ayer la intención de su Gobierno de permitir un mayor espionaje a cambio de una mayor seguridad.

Concretamente, autorizaron al Servicio de Inteligencia de la Confederación (SRC) a controlar las comunicaciones (pinchar los teléfonos y verificar correos electrónicos), colocar cámaras o micrófonos y vigilar intensamente lugares específicos, siempre con autorización previa doble. Estos procesos de vigilancia intensiva deberán ser refrendados por una autoridad judicial y por responsables del departamento (ministerio) de Defensa y de Justicia.

Según explicó el Gobierno conservador suizo, las medidas más intrusivas afectarán a una docena de personas por año, sospechosas de terrorismo, espionaje, suministro de armas, pertenencia a banda armada o ataques contra infraestructuras.

Esta vigilancia estricta tendrá que aplicarse siempre y cuando haya amenazas concretas y no de forma generalizada.

A pesar de que la campaña en contra de esta ley argumentaba que puede socavar las libertades civiles de los ciudadanos, la mayoría prefirió aumentar la vigilancia.

Los que se oponían también argumentaban que podría socavar la "sacrosanta" neutralidad de Suiza, al permitir además una cooperación más estrecha con servicios de inteligencia extranjeros.

Las autoridades helvéticas argumentaron que la ley no va tan lejos como otras que rigen en países más estrictos, como Estados Unidos.

Hasta la fecha, la ley vigente en Suiza prevé que las autoridades solo puedan usar la información que está disponible de forma pública o que hayan obtenido de otros servicios de inteligencia extranjeros.

Tras el resultado, la campaña contra la iniciativa -formada por el Partido Socialista y el Partido Verde y una serie de entidades y asociaciones- lamentó en un comunicado el hecho que a su entender "el miedo" haya ganado.